Ciudad de México. — La Guardia Nacional de México nació con la aspiración de ser una fuerza civil, bien entrenada e incorruptible que pacificara al país y desbancara a los militares en las labores de seguridad pública. Ocurrió al revés.
No solo parece estar a punto de perder el único anclaje “civil” que le quedaba —pasar de depender de la Secretaría de Seguridad a estar bajo el mando del jefe del Ejército— sino que el presidente aspira a que la labor de los militares en esta área sea permanente. Y pretende hacerlo aunque no tenga el apoyo del Congreso.
“Soy presidente de México y creo que conviene el que la Guardia Nacional quede como una rama de la Secretaría de la Defensa para que se le dé estabilidad en el tiempo y no se corrompa», dijo esta semana Andrés Manuel López Obrador. Agregó que tanto la Marina como el Ejército deberán apoyar en esas labores de seguridad pública más allá de 2024, el plazo límite que actualmente establece la Constitución.
«Una reforma constitucional, eso es lo ideal, pero tenemos nosotros que buscarle la forma porque (los partidos de oposición) nos están bloqueando”.
No está claro todavía cómo logrará su objetivo o si será mediante un decreto, puesto que su partido no tiene la mayoría parlamentaria para modificar la Carta Magna, pero la idea ya ha hecho saltar todas las alarmas y no solo por cuestiones legales, también porque ni la Guardia Nacional, ni los militares han logrado bajar los niveles de violencia en el país.
Lo ocurrido esta semana en varias ciudades del noroeste es el último ejemplo: balaceras, incendios y ataques coordinados por grupos del crimen organizado que han sembrado el pánico entre la población civil y han puesto en jaque a las autoridades.
La ONU alertó el jueves de que la militarización de funciones civiles básicas, como la seguridad pública, puede debilitar la democracia de cualquier país. Colectivos de derechos humanos nacionales e internacionales temen que el aumento de poder de los militares, al institucionalizarse, no tenga marcha atrás y abra las puertas a más abusos, dado que las fuerzas armadas no cuentan con un sistema adecuado de rendición de cuentas.
López Obrador reitera que ya no se toleran las violaciones a los derechos humanos y que no hay impunidad, pero la justicia sigue pendiente en muchos casos del pasado y los abusos continúan, aunque sea en menor medida. Solo de la Guardia Nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene registradas más de mil quejas y en cinco ocasiones ha emitido recomendaciones por uso excesivo de la fuerza, tortura o excesos contra migrantes.
“La gravedad de ir metiendo a los militares en tareas civiles y ciudadanas lo que trae como consecuencia es que no tenemos ningún control sobre lo que está pasando en el interior”, advirtió Ana Lorena Delgadillo, directora de la ONG Fundación para la Justicia.
A su juicio, transferir la Guardia al Ejército es una muestra de “autoritarismo” que va contra el espíritu de la Constitución y los estándares internacionales.
De concretarse, supondrá un reto para el poder judicial porque previsiblemente será recurrido en los tribunales.
Cuando López Obrador luchaba por llegar a la presidencia, había abogado por sacar al Ejército de las calles donde las fuerzas armadas luchaban contra los cárteles, sobre todo desde 2006. Esta presencia militar, criticada ya por muchas organizaciones y defendida por los partidos que ahora son los críticos del gobierno, siempre fue entendida como algo excepcional hasta que México lograra generar fuerzas policiales confiables.
Al llegar al poder, el actual mandatario cambió su enfoque. Los militares dejaron de confrontar directamente a los criminales, pero siguieron operando no solo en seguridad pública, sino en cada vez más áreas de la vida civil: del control de aduanas, a la construcción de grandes infraestructuras; del reparto de vacunas a la cría de árboles, del control de la inmigración a la gestión de proyectos turísticos o aeropuertos.
De forma paralela, la Guardia Nacional nacía como la institución principal de esta administración para pacificar México y el Congreso aprobó por unanimidad una reforma constitucional para establecer que debería tener un “carácter civil”.
Sin embargo, se formó con soldados, marinos y algunos miembros de la extinta Policía Federal y aunque el plan era que en un periodo de cinco años los militares fueran cediendo paso a cuadros civiles, a tres años de su creación, suponen todavía casi el 80% de sus más de 115.000 elementos.
Mientras tanto, el poder castrense crecía sobre el terreno al poner a generales en los mandos operativos, y también en las leyes. En 2020, el gobierno autorizó que el Ejército ayudara en sus funciones a la Guardia Nacional hasta el final de la administración, 2024, el límite que el presidente ahora apuesta por eliminar.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó en 2019 una acción de inconstitucionalidad contra parte de esas normas al considerar excesivas las atribuciones que se le daban a este cuerpo en labores de investigación, vigilancia y control migratorio, pero la Suprema Corte de Justicia todavía no se ha pronunciado al respecto.
En medio de la disputa legal, la Guardia Nacional sigue operando, pero “no ha generado una disminución de la violencia” porque su única estrategia ha sido la “ocupación territorial”, dijo Sofía de Robina, abogada del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh).
Esa estrategia de multiplicar sus campamentos y realizar patrullajes en zonas violentas ha sido bienvenida en ciertas áreas rurales, pero muy criticada en ciudades, y aunque pueden generar una sensación de seguridad, esta suele ser temporal.
Por eso, la recomendación más generalizada de organizaciones internacionales y académicos desde hace años ha sido instar a México a apostar por tener cuerpos policiales y de procuración de justicia locales que fueran fuertes y confiables, algo que todavía no es una realidad debido a la corrupción generalizada, los bajos salarios y las amenazas de los cárteles hacia los funcionarios.
Ana Lorena Delgadillo recordó, además, que durante los últimos 15 años, la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad generó “el falso paradigma de que el Ejército llega a resolver problemas” y eso implicó menos apoyos para fortalecer a una policía de proximidad.
A la espera de ver cómo se concretan los planes de López Obrador, una cosa queda clara para muchos colectivos sociales, como De Robina, la abogada del Centro Prodh: los planes del presidente desacatan “por completo la obligación de que la seguridad pública sea civil” y abren las puertas a que los militares puedan actuar sin ningún tipo de limitaciones ni en el tiempo ni en estrategias.
