Al grito de “México, despierta”, y entre carteles en los que se leía “ni una más, ya basta”, decenas de miles de manifestantes salieron el domingo a marchar en la capital mexicana contra una iniciativa de reforma electoral que se convirtió en la mayor protesta contra el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus casi cuatro años de mandato.
“Ya estoy harta de Andrés Manuel, de tantas mentiras, de tanta inseguridad”, afirmó Alejandra Galán, una administradora de 45 años, levantando con su mano izquierda una bandera de México en medio de una calle atestada de miles de manifestantes en el centro de la ciudad.
“Nos quiere quitar al INE (Instituto Nacional Electoral) para que esto al rato sea como Venezuela, como Cuba, pero no lo vamos a dejar”, indicó Galán, quien tenía en su rostro un cubrebocas que tenía escrito “el INE no se toca”.
A unos metros de Galán estaba Liz Cantú, una ama de casa de 40 años, que salió a marchar junto a sus dos hijas adolescentes quienes levantaban carteles en los que se leía “AMLO, traidor de la democracia”.
“Queremos defender la democracia. Queremos que nuestros votos valgan y queremos un árbitro imparcial”, dijo Cantú tras reconocer que estaba muy contenta de la participación masiva en la marcha “porque la gente está despertando”.
En un intento por alentar un movimiento contra la reforma, más de medio centenar de organizaciones civiles y partidos opositores convocaron a la llamada “marcha por la democracia” en una de las principales avenidas del centro de la Ciudad de México.
Mientras López Obrador asegura que su iniciativa busca transformar y depurar el sistema electoral mexicano, sus críticos y analistas sostienen que la propuesta de reforma podría asegurarle al oficialismo el control del organismo electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2024.
Bajo la consigna “el INE no se toca” los manifestantes levantaron sus voces contra el proyecto de reforma constitucional que será discutido en las próximas semanas en el Congreso, de mayoría oficialista, que contempla la desaparición de las dependencias electorales estatales, la reducción del financiamiento a los partidos, y la elección de los integrantes del organismo electoral por sufragio ciudadano y no por la Cámara de Diputados, como es actualmente.
La iniciativa también plantea la desaparición de los legisladores plurinominales que son electos por representación proporcional mediante listas regionales, lo que implicaría la eliminación de 200 diputados y 32 senadores y reduciría la cámara baja a 300 miembros y el Senado a 96.
El oficialismo no cuenta con los votos suficientes para aprobar la reforma constitucional y necesitaría del apoyo de la oposición para llevarla adelante. Hasta el momento no está clara cuál será la postura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que en septiembre se distanció de sus aliados opositores para apoyar una reforma militar impulsada por el mandatario.
Durante la semana pasada López Obrador dedicó buena parte de sus conferencias matutinas a criticar a los promotores de la movilización, a los que llamó “cretinos” y “corruptazos”, y los acusó de tratar de “engañar” a la población.
López Obrador sostiene que su iniciativa de reforma electoral busca transformar el INE, reducir su presupuesto, y evitar los “fraudes electorales” que asegura que se han cometido en el pasado, aunque la actual directiva del organismo es la que ha avalado los procesos electorales de los últimos años en los que el partido oficialista ha resultado vencedor.
Aunque algunos analistas estiman que el actual sistema electoral mexicano es costoso y requiere modernizarse, muchos temen que el recorte de gastos y la eliminación de las dependencias estatales para concentrar la estructura en un organismo federal podría implicar una pérdida de eficiencia.
Otro de los puntos que ha generado un fuerte debate es el cambio del mecanismo de elección de los magistrados del Tribunal Electoral y la directiva del INE, que se plantea reducir de once a siete consejeros.
La propuesta de elección de los consejeros por voto popular se teme que podría restarle autonomía a los nuevos integrantes del INE, ya que muchos de los postulados serían promovidos por los partidos.
Al respecto Patricio Morelos, académico del Tecnológico de Monterrey, dijo a The Associated Press que en el contexto actual en el que López Obrador tiene un alto respaldo popular y su partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) gobierna en la mayoría de los 32 estados del país, el oficialismo tendría más posibilidad para influir en la opinión de los votantes y movilizar a su maquinaria para lograr que sus candidatos sean consejeros y asegurarle al gobierno el control del INE.
