Extorsiones, balaceras, desplazamientos forzados, trata de mujeres y migrantes, tráfico de drogas, secuestros, y asesinatos
Organizaciones sociales y colectivos indígenas han venido denunciando un clima de guerra que se vive contra las comunidades que apoyan al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, en el sur de México, y en general en el país, además de acusar al Gobierno de ser omiso.
“Lo que ocurre en Chiapas es un reflejo de lo que ocurre en el país, por eso es importante voltear nuestra mirada hacia allá”, dijo en una conferencia de prensa el pasado miércoles, Víctor Hugo López Rodríguez, integrante de la red «Todos los derechos para todas y todos» (TDT), que agrupa a más de 87 organizaciones civiles de derechos humanos.
Los activistas denunciaron la indiferencia del Gobierno y la sociedad ante la creciente militarización en el sursureste del país, que se refleja en el crecimiento de las extorsiones, balaceras, desplazamientos forzados, trata de mujeres y migrantes, tráfico de drogas, secuestros, y asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y feminicidios.
“Existe una gran impunidad, omisión, indiferencia, injusticia y olvido en la entidad”, afirmó López Rodríguez.
Advirtió que lo que acontece en Chiapas es un escenario que podría replicarse en todo el país. “Si no dimensionamos que el conflicto armado no ha sido atendido, corremos el riesgo de una guerra civil”, enfatizó.
Dora Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, insistió en que en la entidad existe un panorama de miedo e incertidumbre en las comunidades zapatistas por la creciente militarización y presencia del crimen organizado.
“Lo más grave es que vemos una situación de omisión y desinterés por parte de los gobiernos federal, estatal y municipales”, lamentó.
Afirmó que actualmente todas las autoridades están enfocadas en el proceso electoral de 2024 “mientras los conflictos están escalando y se ven más enfrentamientos y más violencia”.
CONFLICTO EN TODO MÉXICO
Carlos González, integrante de la Comisión Coordinadora del Consejo Nacional Indígena, aseveró que la situación de “guerra” que vive Chiapas es extensiva a todo el país.
“En Chiapas tiene especificidades y condiciones muy concretas, pero lo estamos viviendo en toda la geografía nacional”, sostuvo.
Explicó que esta “guerra” tiene tres elementos: la militarización “que se ha extendido desde 2018 con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder”; el crecimiento del paramilitarismo “con estrategias de contrainsurgencia”, y la expansión del crimen organizado.
Además, lamentó que proyectos emblemáticos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos han agudizado la situación de violencia y violaciones a derechos humanos. “Tenemos una situación grave contra pueblos y comunidades que se resisten. Hay acoso, órdenes de aprehensión, procesos penales continuos”, expresó González.
LLAMADO A LA ACCIÓN
Ante estos hechos, las organizaciones llamaron a denunciar la guerra contra los pueblos zapatistas y a remarcar la responsabilidad del Gobierno.
También convocaron a la Jornada de Acción Global “Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas» los próximos 13, 14, 15 y 16 de julio, cuando realizarán mesas informativas, eventos artísticos y movilizaciones, así como un foro nacional entre el 24 y 28 de julio.
Ese mismo días cientos de indígenas mayas tzotziles, tzeltales, choles y tojolabales marcharon contra el creciente conflicto.
Los pueblos originarios protestaron en San Cristóbal de Las Casas, en Frontera Comalapa, Ocosingo, Simojovel, Chilón, Salto de Agua y Teopisca para exigir el cese a la violencia que ejercen grupos paramilitares y la delincuencia organizada que se pelea el territorio.
Los contingentes estuvieron conformados por organizaciones sociales, defensores de los derechos humanos, familias de presos políticos, personas desplazadas por el crimen organizado, y parientes de desaparecidos y víctimas de feminicidio.
Durante el recorrido ondearon banderas blancas con gritos de “Alto a la violencia”, “presentación con vida de los desaparecidos”, “alto a la criminalización a los pueblos originarios” y “justicia”.
Apenas la semana pasada, criminales secuestraron a 16 elementos de la Policía Estatal Preventiva de Chiapas.
Pobladores de la zona fronteriza han denunciado el desplazamiento forzado de miles de familias de comunidades, ranchos ganaderos y cafetaleros.
“El pueblo no encuentra una respuesta, hay un vacío de la autoridad muy terrible, la gente no sabe a quién acudir, la autoridad está para cuidar al pueblo, para defenderlo, pero hay un vacío muy grande ahí y mucho dolor”, denunció Luis Manuel López, obispo auxiliar de San Cristóbal, ante los medios.
Aunque activistas y habitantes han advertido de un «clima de guerra» en Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en una visita el 23 de junio que «en general hay paz y tranquilidad».
Pero Ricardo Magdaleno, integrante de la Organización Campesina Emiliano Zapato (OCEZ-RC), busca a dos luchadores sociales desaparecidos desde hace 10 días, al afirmar que la autoridad no hace nada.
«Somos parte de una organización que defendemos a nuestras comunidades, (pedimos) que apoyen a las familias en la búsqueda de nuestros compañeros porque hasta el momento la fiscalía solo la demanda ha recibido, pero sobre que estén buscando a nuestros compañeros no hay nada todavía», dijo a EFE.
Al reclamo se unió Lupita Jiménez Bueno, quien viajó un par de horas hasta San Cristóbal para evidenciar que en su comunidad “el mal llegó”.
«En las pequeñas comunidades también ya se está viendo lo que es el narcomenudeo (venta de droga), todo lo que es vender droga», advirtió.
