Santo Domingo – La ministra de la Juventud de la República Dominicana, Kimberly Taveras, presentó el lunes su dimisión del cargo, del que estaba apartada desde hace 50 días por una investigación sobre las relaciones comerciales que mantenía con organismos estatales de forma supuestamente irregular.
En una carta dirigida al presidente Luis Abinader, difundida por la ministra a través de su cuenta de Twitter, Taveras comunicó que se aparta «definitivamente» de su puesto para no perjudicar la imagen del Gobierno o del jefe de Estado.
«En aras de que mi búsqueda de la justicia no perjudique la buena imagen de usted y nuestro Gobierno, hoy me aparto definitivamente del cargo de ministra de la Juventud», dice el mensaje dirigido a Abinader, quien está en el poder desde el pasado agosto.
Esta es la primera dimisión en el Gobierno de Abinader, quien ha prometido tolerancia cero con la corrupción de los miembros de su Gobierno, así como con las irregularidades cometidas por Administraciones pasadas.
El escándalo se desencadenó el pasado octubre a raíz de una investigación periodística que cuestionó los presuntos vínculos comerciales de Taveras con el Estado mientras se desempeñó como alcaldesa del distrito municipal de Pedro Brand, en la provincia Santo Domingo, lo cual está prohibido por ley.
Después de conocerse el caso, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) confirmó que Taveras, hasta la actualidad, figuraba como proveedora del Estado con dos empresas, una que tiene su nombre y otra, el Colegio Domínico Chino, del que es gerente administradora, además de poseedora del 75 % de sus acciones.
La legislación establece que los funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía, entre los que figuran ministros, viceministros, directores y subdirectores, alcaldes y regidores no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado para proveer bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales.
En su carta de dimisión, Taveras afirmó que espera que la justicia independiente «tenga la valentía de reconocer a los inocentes», a la vez que criticó el «sicariato moral» al que, según su visión, se enfrenta debido a unos hechos «que un programa de televisión tergiversó».
Asimismo, aseguró que en estos dos meses en los que el Ministerio Público la está investigando, se ha visto afectada «seriamente» la tranquilidad de su vida personal, de su familia, así como de sus actividades profesionales y políticas.
