El Gobierno de República Dominicana lleva a cabo acciones a favor del acceso a la información pública y la transparencia, lo que genera «señales de aliento para el ejercicio del periodismo», según la Sociedad Iberoamericana de Prensa (SIP).
En su último informe, pendiente de aprobación en la reunión de medio año que se celebra entre este martes y el jueves en Miami, la SIP indica que el Ejecutivo del presidente dominicano Luis Abinader, a través de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, anunció que sancionará a más de 20 instituciones oficiales que no cumplieron últimamente con la Ley de Acceso a la Información Pública.
Entre ellas figuran las dos cámaras del Congreso, la Junta Central Electoral y la Procuraduría General de la República.
El gabinete dio de plazo hasta el 30 de junio próximo para que los organismos cumplan con todas las solicitudes, pues, en caso contrario, se aplicarán sanciones administrativas, con la suspensión de recursos en el presupuesto.
Además, el Gobierno dominicano emplazó a otras 52 instituciones estatales a mejorar sus niveles de cumplimiento en el índice de transparencia.
Por otra parte, en República Dominicana continúa adelante el anteproyecto de reforma y actualización de la Ley 6132 sobre libertad de prensa, en vigor desde 1962 y cuyo sometimiento al Congreso Nacional como iniciativa del Poder Ejecutivo es «inminente», señala la SIP en su documento.
En abril concluyó la ronda nacional e internacional de consultas a cargo de una comisión consultiva multisectorial para debatir esta normativa, que incluye garantías para el ejercicio del periodismo en cualquier plataforma y reglas para los medios audiovisuales.
También contempla la creación del Instituto Nacional de la Comunicación Audiovisual, de carácter autónomo y que se encargará de promover el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información y establecer reglamentos sobre las políticas públicas, normas y procedimientos en la aplicación de la ley.
La SIP también se hace eco del «revuelo y oposición» que causó en estos seis meses el anuncio de la Policía Nacional de que crearía una comisión para «detectar, en medios digitales, la propagación de informaciones falsas, manipuladas o descontextualizadas sobre la delincuencia», pero la institución debió dar marcha atrás al ser advertida de que ello no está dentro de sus atribuciones.
