Buenos Aires, AR – El fin de semana XL (“extra-large”) en Argentina, debido al feriado por el carnaval, ha dejado algunas noticias para sacudir la modorra de quienes tuvieron que quedarse obligatoriamente en sus casas, y que pensaban que la política también se iba a tomar un descanso.
Un mes atrás, desde esta misma columna, hablábamos del acuerdo de “no agresión” al que habían llegado los cinco miembros de la Corte Suprema argentina, para evitar la embestida del gobierno. Sabido es que los celos internos y los intereses personales estaban afectando la resistencia del máximo tribunal de justicia, flaqueza que el gobierno intentó aprovechar para instaurar una reforma judicial que beneficiara a sus intereses y a los de todos los adeptos al oficialismo con causas aún pendientes.
Esta nueva asonada, surgió con la ratificación por parte del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy a la condena a la dirigente social Milagro Sala. Ante esto, funcionarios y hasta el mismísimo presidente Alberto Fernández, se subieron al tren de la victimización de todos aquellos condenados que se sienten “presos políticos”, cuando en realidad, han sido juzgados con todos los pasos reglamentarios y obligatorios.
En pleno contraataque a la justicia, las agencias de noticias anunciaban la muerte del Senador nacional y expresidente Carlos Menem, figura emblemática del peronismo y símbolo de una época, por lo menos, controvertida.
Aquella sentencia que dice que “todos hablan bien de quien se muere” ha quedado –paradójicamente– sepultada en este caso, ya que, tanto de un lado como del otro, se alzaron voces diversas.
Mientras que el arco político al que Menem favorecía con su presencia y voto fundamental en la Cámara de Senadores hablaba de “su hombría de bien y su permanente lucha por la democracia”, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) emitía un comunicado que decía: “Menem falleció amparado hasta el último día por sus fueros de senador, que impidieron que estuviera preso. Nunca pagó por su responsabilidad en el encubrimiento del atentado contra la AMIA-DAIA”.
Y mientras el gobierno organizaba su velatorio y decretaba tres días de duelo por su muerte, la ciudad de Río Tercero, en la provincia de Córdoba, decidía no adherirse a tal medida, ya que consideraban al expresidente responsable absoluto del atentado de las explosiones de la Fábrica Militar de esa ciudad en 1995. De hecho, la justicia determinó que dichas explosiones fueron intencionales y buscaban encubrir un faltante de material bélico que había sido enviado por contrabando a Ecuador y a Croacia.
Muertes, destrucción y caos, que viajarán quién sabe a dónde… ¿Arriba o abajo? That is the question.
