Naciones Unidas, EE.UU.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se quejó hoy amargamente ante el Consejo de Seguridad de la incapacidad de las Naciones Unidas para detener la guerra en su país, que ha entrado ya en su séptima semana y ha obligado al desplazamiento de la cuarta parte de su población.
En una intervención por videoconferencia justo antes de realizar otra similar ante el Congreso de Diputados en España, Zelenski reclamó al Consejo la expulsión de Rusia o algún tipo de reforma que permita superar el derecho a veto de Moscú, que ha tornado al Consejo en un órgano inefectivo.
«Si esto continúa, los países confiarán únicamente en el poder de sus propias fuerzas para asegurar su seguridad y no en la ley internacional o las instituciones internacionales», señaló un Zelenski visiblemente molesto, ante de proponer un nuevo Consejo basado en una «representación justa de todas las regiones del mundo», con verdadera capacidad para detener guerras.
Para añadir dramatismo a su discurso y conmover así al Consejo de Seguridad, Zelenkski presentó un vídeo con macabras imágenes de muertos en Bucha, Mariupol o Irpin, mostrando cadáveres de civiles maniatados, calcinados o semienterrados en lo que parecían fosas comunes.
Pero ni siquiera esas imágenes frenaron el cruce de acusaciones: el embajador ruso Vasili Nebenzia aseguró que sus soldados no pudieron haber cometido esas matanzas, y las atribuyó a «radicales ucranianos» que son apoyados por «delincuentes, ladrones y extranjeros» a los que se ha equipado con las armas entregadas a Ucrania por los países occidentales.
La representación de los Emiratos Árabes en el Consejo advirtió contra el peligro de «caer en una guerra de narrativas o relatos», en alusión a cómo los hechos de la guerra son presentados por parte de Rusia o de Ucrania, apoyada por los llamados «países occidentales».
Debido al derecho de veto de los países con asiento permanente, el Consejo de Seguridad ha sido incapaz de aprobar una sola resolución sobre la guerra de Ucrania, y sus sesiones se han convertido en una mesa de combate dialéctico entre Rusia y los países occidentales, con los países asiáticos -China e India, principalmente- manteniéndose en la equidistancia.
La subsecretaria general para Asuntos Políticos, Rosemary Di Carlo, tras enumerar los numerosos ataques a civiles documentados en Ucrania, reconoció hoy ante el Consejo que «cuanto más dure esta guerra, mayor es el riesgo de que debilite todavía más las instituciones globales y los mecanismos dedicados a preservar la paz y la seguridad».
INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE
El secretario general de la ONU, António Guterres, reclamó hoy una investigación «con garantías de rendición de cuentas» después de ver «las horrendas imágenes de civiles asesinados en Bucha», y su propuesta fue saludada por la mayoría de miembros del consejo.
Para China, que en el Consejo siempre se muestra comprensiva con Rusia, «deben depurarse las responsabilidades» de lo sucedido en Bucha, pero sobre todo «no sacar conclusiones precipitadas y evitar así acusaciones infundadas», oponiéndose así al eco generalizado de condenas a Moscú.
Estados Unidos anunció ayer que se unía a un equipo internacional que apoyaría a la Fiscalía de Ucrania «para recolectar, preservar y analizar pruebas de atrocidades» cometidas supuestamente por las tropas rusas en Bucha y otras zonas tras su retirada para concentrarse en el este del país.
En paralelo, la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, anunció ayer que trataría de suspender la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y hoy insistió en que la presencia de Moscú en ese organismo «mina su credibilidad».
Le contestó el embajador ruso recordándole que Estados Unidos carece de credibilidad cuando abandonó ese consejo en 2018 en época de Donald Trump -aunque regresó en la era Biden-, y añadió sobre esa iniciativa para su suspensión: «Espero que nuestros colegas en Naciones Unidas no se dejen manipular por Washington en esos juegos peligrosos».
Actualmente, hay un equipo de la fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya investigando supuestos crímenes de guerra cometidos en Ucrania, aunque por la propia naturaleza del trabajo del CPI no se esperan resultados a corto plazo.
