El ambiente político en Venezuela se mantenía tenso este jueves, mientras a nivel internacional se multiplican las voces para que el gobierno haga publicas las actas electorales y permita un reconteo de los votos de los comicios realizados el domingo.
El jueves por la tarde a través de un comunicado, los gobiernos de Brasil, México y Colombia le exigieron a Venezuela la divulgación “en forma expedita” de las actas electorales para permitir que la comunidad internacional pueda realizar una verificación los resultados de manera imparcial.
Mientras tanto, la candidata María Corina Machado anunció que se encuentra en la clandestinidad por temor a las amenazas a su vida y a su libertad. Al mismo tiempo, Nicolás Maduro amenazó al candidato de la oposición Edmundo González Urrutia, diciendo que él y Corina eran “unos criminales que deberían estar tras las rejas”.
El Consejo Permanente de la OEA discutió una propuesta que exigía mayor transparencia del gobierno venezolano sobre los resultados, pero la asamblea rechazó la propuesta al no obtener los 18 votos necesarios para su aprobación. De todos modos, aún si hubiera sido aprobada su valor sería tan solo simbólico, ya que Venezuela no hace parte de la OEA.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció que pedirá a la Corte Internacional de La Haya la captura de Nicolas Maduro, acusándolo de un “baño de sangre”. De hecho, la candidata Machado escribió que «Las fuerzas de seguridad del Estado han matado al menos a 20 venezolanos, encarcelado a más de 1.000 y causado once desapariciones forzadas en las manifestaciones”.
El Concejo Nacional Electoral (CNE) proclamó el domingo a Maduro como el presidente reelecto para un tercer mandato de seis años, con 51% de los votos frente a un 44% de González Urrutia. Sin embargo, la oposición sostiene que posee copias de más del 80% de las actas, y que en ellas se demostraría que Gonzáles obtuvo el 67% de los sufragios.
También se supo el jueves que, tras intensas negociaciones secretas, el gobierno de Brasil se hizo cargo de la embajada de Argentina en Caracas con los 6 disidentes refugiados en ella, después de que Nicolás maduro expulsara del país a los embajadores de ese país, igual que los de Chile, Perú, Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Uruguay, por haber expresado sus gobiernos sospechas de fraude electoral, al declararse a Maduro vencedor sin permitir un escrutinio imparcial y público de las actas electorales.
