Washington, EE.UU.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará una estrategia nacional para abordar «la crisis nacional de salud mental» durante su primer discurso del estado de la Unión, que ofrecerá este martes ante las dos cámaras del Congreso.
La Casa Blanca explicó en un comunicado que el plan se basará en fortalecer la capacidad del sistema de salud, crear redes de apoyo y atención a la salud mental y mejorar la infraestructura de los servicios sociales.
«Nuestro país enfrenta una crisis de salud mental sin precedentes entre personas de todas las edades. Dos de cada cinco adultos sufren ansiedad o depresión», subrayó el Gobierno estadounidense.
La estrategia de Biden prevé invertir 700 millones de dólares en programas de capacitación de personal, becas, préstamos médicos y atención a comunidades desfavorecidas.
También contempla formas para combatir el agotamiento del personal sanitario, destinar cinco millones de dólares en investigación sobre tratamientos de salud mental, así como expandir la atención telemática, y mejorar la atención en colegios y universidades.
La estrategia tiene un énfasis especial en el impacto de internet y las redes sociales en la salud mental de los jóvenes, por lo que el Gobierno planea prohibir que las tecnológicas recaben información sobre los menores y que emitan publicidad dirigida a niños.
Según la Casa Blanca, uno de cada tres estudiantes de secundaria sufrían tristeza persistente en 2019, un 40 % más que en 2009, situación que se ha agravado con la pandemia de covid-19.
Un consorcio de medios estadounidenses reveló en octubre pasado que Facebook conocía que sus redes sociales potencian el odio, la desinformación y son dañinas para la salud mental de los jóvenes.
El discurso del estado de la Unión, que comenzará mañana martes de las 21.00 hora local (2.00 GMT del miércoles), es una de las ceremonias más importantes de la política estadounidense.
Según marca la tradición, el presidente se dirige a las dos cámaras del Congreso reunidas en el mismo hemiciclo, junto a los miembros del Tribunal Supremo, para establecer cuáles son sus prioridades para el año entrante y pedir la colaboración del Legislativo.
