Beverly Hills, California. – Ariella Morrow, médica internista, pasó gradualmente de tener una autoestima sana y éxito profesional a los abismos de la depresión.
A comienzos de 2015, sufrió una serie de problemas personales, entre ellos un estremecedor trauma familiar, conflictos matrimoniales y un importante revés profesional.
Al principio, la valentía y la determinación la mantuvieron en pie, pero luego fue incapaz de controlar sus problemas y se refugió en el alcohol. A finales de 2020, Morrow apenas podía levantarse de la cama: no se duchó ni cepilló los dientes por semanas. Llegó a beber dos botellas de vino al día, alternándolas con whisky.
Sentada en el living de su bella casa una reciente tarde de otoño, con un brillante vestido lavanda, labial del mismo tono y un collar de perlas, Morrow trazó la ruta de su rendición ante el alcohol: «No voy a beber antes de las 5 de la tarde. No voy a beber cuando los niños están en casa. Y luego, eran las 10, las 9 de la mañana, era levantarme y beber».
Mientras la adicción y las muertes por sobredosis acaparan titulares en todo el país, la Junta Médica de California, que otorga licencias médicas, está desarrollando un nuevo programa para tratar y monitorear a los médicos con problemas de alcohol y drogas. Pero hay una división, sobre si los nombres de los que se unen al nuevo programa sin que se lo ordene la junta deben divulgarse.
Los defensores de los pacientes señalan que la misión principal de la junta médica es «proteger a quienes reciben asistencia y evitar daños», lo que, según ellos, es m’as importante que la privacidad de los médicos.
Los nombres de aquellos a los que la junta exige someterse a tratamiento y seguimiento por una orden disciplinaria ya se hacen públicos. Pero expertos en adicción dicen que si el estado quiere que los médicos con problemas se presenten sin una orden de la junta, la confidencialidad es crucial.
Hacerlo público sería «un poderoso elemento disuasorio para que cualquiera busque ayuda» e impediría la intervención precoz, que es clave para evitar un deterioro en el trabajo que podría perjudicar a los pacientes, según Scott Hambleton, presidente de la Federación de Programas Estatales de Salud Médica. Sus miembros principales ayudan a organizar la atención y el seguimiento de los médicos con adicciones y afecciones de salud mental como alternativa a las medidas disciplinarias.
Pero defensores de los consumidores sostienen que los pacientes tienen derecho a saber si su médico sufre una adicción. «Se supone que los médicos deben hablar con sus pacientes de todos los riesgos y beneficios de cualquier tratamiento o procedimiento, pero ¿se espera que el riesgo de un médico adicto permanezca en secreto?», dijo a la junta médica Marian Hollingsworth, defensora voluntaria de la Red de Acción para la Seguridad del Paciente, en una audiencia el 14 de noviembre sobre el nuevo programa.
Los médicos son tan vulnerables a la adicción como cualquier otra persona. Quienes trabajan en su rehabilitación dicen que la tasa de estos trastornos es al menos tan alta como la del público en general, lo que la Administración Federal de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias situó en el 17,3% en un informe del 13 de noviembre.
El alcohol es una droga muy común entre los médicos, pero su fácil acceso a los analgésicos es también un riesgo particular.
«Si tienes un trastorno por consumo de opioides y trabajas en un quirófano con medicamentos como el fentanilo, es un reto y puede ser un desencadenante», afirmó Chwen-Yuen Angie Chen, doctora especialista en adicciones que preside el Comité de Bienestar de Médicos y Médicos en Formación de Stanford Health Care. «Es como si alguien con un trastorno de alcoholismo trabajara en un bar».
De pionero a rezagado
California supo estar a la vanguardia del tratamiento y la supervisión de los médicos. En 1981, la junta médica puso en marcha un programa de evaluación, tratamiento y seguimiento de médicos con afecciones mentales o adicciones. A menudo se exigía a los participantes que se hicieran pruebas de drogas aleatorias, asistieran a varias reuniones de grupo a la semana, se sometieran a la vigilancia de sus colegas en el trabajo y permanecieran en el programa durante al menos cinco años.
Los médicos que se inscribían voluntariamente en el programa solían gozar de confidencialidad, pero los que recibían una orden de la junta como parte de una medida disciplinaria quedaban en el registro público.
El programa se canceló en 2008 después de que varias auditorías detectaran graves deficiencias. Una de ellas, llevada a cabo por Julianne D’Angelo Fellmeth, abogada de consumidores que fue elegida como supervisora externa de la junta, descubrió que los médicos que participaban en el programa a menudo podían eludir las pruebas aleatorias de detección de drogas, que la asistencia a las sesiones obligatorias de terapia de grupo no se controlaba con precisión y que los participantes no eran supervisados de manera adecuada en los trabajos.
Hoy en día, los médicos con adicciones que quieren ayuda pueden buscar tratamiento privado por su cuenta o, en muchos casos, son remitidos por hospitales y otras empresas sanitarias a terceros, que organizan el tratamiento y la vigilancia. La junta médica puede ordenar a un médico en período de prueba que se someta a tratamiento.
En cambio, las juntas de California que otorgan licencias de otras ocho profesiones relacionadas con la salud, incluidos médicos osteópatas, enfermeros, dentistas y farmacéuticos, tienen programas de tratamiento y supervisión administrados en virtud de un contrato marco por una empresa que cotiza en bolsa llamada Maximus Inc. California pagó a Maximus alrededor de $1,6 millones el pasado año fiscal para administrar esos programas.
Cuando se apruebe la normativa definitiva de la junta médica, el siguiente paso sería que la junta abriera una licitación para encontrar un administrador del programa.
Caída en desgracia
Los problemas de Morrow empezaron mucho después de que se cerrara el programa original de California.
Hija de un destacado cirujano plástico, Morrow creció en Palm Springs en circunstancias que ella describe como «más que privilegiadas». Su padre, David Morrow, se convirtió más tarde en su mentor de confianza.
Pero su encantadora vida comenzó a desmoronarse en 2015, cuando su padre y su madre, Linda Morrow, fueron acusados de fraude federal de seguros en un caso muy publicitado. En 2017, la pareja huyó a Israel en un intento de escapar del proceso penal, pero más tarde fueron detenidos y repatriados a Estados Unidos para enfrentar condenas de prisión.
Los problemas legales de los padres de Morrow, agravados más tarde por problemas conyugales relacionados con el fracaso del negocio de su esposo, pasaron una dura factura a Morrow. Tenía poco más de 30 años cuando empezaron los problemas con sus padres, y trabajaba jornadas de 16 horas para construir una consulta médica privada, con dos niños pequeños en casa.
A finales de 2019, estaba muy deprimida y recurría cada vez más al alcohol. Después, la pérdida de sus privilegios de admisión en un gran hospital de Los Ángeles por no llevar un registro médico adecuado destrozó lo que le quedaba de confianza en sí misma.
Reflexionando sobre su experiencia, Morrow dijo que las mismas fuerzas que impulsan a los médicos a estudiar medicina y desarrollar sus carreras pueden fomentar un sentimiento de negación. «Somos tan fuertes que nuestra fuerza es nuestra mayor amenaza. Nuestro poder es nuestra impotencia», afirmó. Morrow ignoró todas las alertas que indicaban que había serios problemas: «Pasé de todo y caí al precipicio».
A finales de 2020, sin trabajo, postrada en cama por la depresión y bebiendo en exceso, se dio cuenta de que ya no podía salir adelante: «Por fin le dije a mi marido: ‘Necesito ayuda’. Y él me respondió: ‘Sé que la necesitas'».
Al final, se internó en un centro privado de tratamiento residencial en Texas. Ahora, 21 meses sobria, Morrow afirmó que la privacidad del tratamiento contra la adicción que eligió fue valiosísima porque la protegió del escrutinio profesional.
«No tenía que sentirme desnuda ni juzgada», indicó.
Agregó que sería reacia a participar en un programa estatal como el que está considerando la junta médica, por su preocupación sobre la privacidad.
Privacidad del médico vs protección del paciente
La normativa propuesta eximiría a los médicos a hacer público su caso, si están en el programa no por medidas disciplinarias sino voluntariamente. Esto siempre y cuando
se mantuvieran sobrios y cumplieran todos los requisitos: pruebas de drogas aleatorias, asistencia a sesiones de grupo y supervisión en el lugar de trabajo.
Si el programa impusiera una restricción a la licencia de un médico, se publicaría en la página web de la junta médica, pero sin mencionar su participación en el programa.
Pero incluso eso podría comprometer la carrera de un médico, ya que «tener una licencia restringida por razones no especificadas tendría muchas implicaciones personales y profesionales duraderas, ninguna positiva», afirmó Tracy Zemansky, psicóloga clínica y presidenta de la división del sur de California de Pacific Assistance Group, que ofrece apoyo y seguimiento a los médicos.
Zemansky y otros afirman que los médicos, como cualquier otra persona, tienen derecho a la privacidad médica en virtud de la legislación federal, siempre que no hayan causado daños.
Muchos de los que trabajan en medicina de la adicción también criticaron el nuevo programa propuesto por no incluir los problemas de salud mental, que a menudo van de la mano con la adicción y están cubiertos por los programas de salud de los médicos en otros estados.
«Creo que renunciar a un tratamiento de salud mental es un grave error», dijo Morrow. Para ella, la depresión y el alcoholismo eran inseparables, y el programa residencial al que asistió trató ambos.
Otro punto de conflicto es el dinero. Según la propuesta actual, los médicos correrían con todos los gastos del programa.
La evaluación clínica inicial, más las pruebas de drogas aleatorias periódicas, las sesiones de grupo y el seguimiento en sus lugares de trabajo podrían costar a los participantes más de $27,000 al año promedio, según cálculos publicados por la junta médica. Y si tuvieran que someterse a un tratamiento hospitalario de 30 días, eso agregaría otros $40,000, además de casi $36,000 en pérdida de salarios.
Quienes trabajan en adicciones creen que es una carga injusta. Señalan que la mayoría de los programas para médicos de otros estados cuentan con financiación externa para reducir el costo para los participantes.
«El costo no debería recaer totalmente en los médicos, porque hay muchas otras personas que se benefician de ello, como la junta, las aseguradoras de negligencia, los hospitales y la asociación médica», afirmó Greg Skipper, médico especialista en adicciones semi-retirado que dirigió el programa estatal de salud médica de Alabama durante 12 años. En Alabama, dijo, esas instituciones contribuyen al programa, lo que reduce significativamente la cantidad que los médicos tienen que pagar.
El programa de tratamiento al que asistió Morrow en la primavera de 2021, en The Menninger Clinic de Houston, costó $80,000 por una estancia de seis semanas, que cubrió un familiar preocupado. «Me salvó la vida», dijo.
Aunque Morrow tuvo dificultades para mantener la sobriedad durante el primer año luego del tratamiento, ahora lleva sobria desde el 2 de abril de 2022. En la actualidad, asiste regularmente a terapia y a Alcohólicos Anónimos, y ha dado un giro en su carrera para convertirse en médico especialista en adicciones.
«Sin duda, hoy soy mejor doctora gracias a mi experiencia», indicó Morrow. «Estoy orgullosa de ser una doctora alcohólica en recuperación».
Esta historia fue producida por KFF Health News, una redacción nacional enfocada en el tratamiento en profundidad de temas de salud, que es uno de los principales programas de KFF, la fuente independiente de investigación de políticas de salud, encuestas y periodismo.
