Dos veces al mes, un bus de 40 pies de largo transformado en clínica móvil recorre el Valle del Río Grande para ofrecer a las mujeres de las zonas rurales de Texas servicios de salud que incluyen métodos anticonceptivos.
La clínica, llamada UniMóvil, forma parte del programa Healthy Mujeres de la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas Rio Grande Valley.
En Estados Unidos hay unos 3,000 programas de salud móviles. Pero el gineco-obstetra Saúl Rivas dijo que no conocía ninguno que compartiera la misión específica de Healthy Mujeres cuando ayudó a lanzar la iniciativa en 2017.
Ahora forma parte de un pequeño pero creciente número de programas móviles destinados a aumentar el acceso de las comunidades rurales a los cuidados de salud de la mujer, incluida la anticoncepción reversible de acción prolongada.
Hay dos tipos de métodos altamente eficaces: los dispositivos intrauterinos, conocidos como DIU, y los implantes hormonales que se insertan en la parte superior del brazo. Estas opciones anticonceptivas pueden ser especialmente difíciles de obtener —o de poder retirarlas— en las zonas rurales.
“Las mujeres que quieran evitar un embarazo no deseado deben disponer de lo que más les convenga”, señaló Kelly Conroy, directora de programas móviles y de salud materna de la University of Arkansas for Medical Sciences.
La universidad va a poner en marcha este mes un programa móvil de salud femenina y anticoncepción en las zonas rurales del estado.
En las áreas rurales hay muchos menos médicos que en las zonas urbanas, incluidos los gineco-obstetras. Además, según los responsables del programa, es posible que los proveedores rurales no puedan permitirse el gasto de tener dispositivos anticonceptivos de acción prolongada, o no estén formados para administrarlos.
Las clínicas móviles ayudan a reducir esa brecha de salud en las zonas rurales, pero su funcionamiento puede resultar complicado, afirmó Elizabeth Jones, directora de la Asociación Nacional de Planificación Familiar y Salud Reproductiva.
El dinero es el mayor obstáculo, dijo Jones. El programa de Texas cuesta unos $400,000 al año. Un estudio realizado en 2020 sobre 173 clínicas móviles reveló que costaban un promedio de más de $630,000 al año. Los programas dentales móviles eran los más caros, superando el millón de dólares.
Aunque muchos programas se ponen en marcha con la ayuda de subvenciones, éstas pueden ser difíciles de mantener, sobre todo porque desde hace más de una década se ha producido una disminución o estancamiento de la financiación del Título X, una fuente de dinero federal que ayuda a las personas con bajos ingresos a recibir servicios de planificación familiar.
Por ejemplo, un programa móvil de anticoncepción que prestaba servicios en las zonas rurales de Pennsylvania duró menos de tres años y terminó en 2023. Dejó de funcionar cuando perdió la financiación federal, dijo un vocero de la clínica que lo gestionaba.
Los programas móviles rurales no son tan eficaces ni rentables como las clínicas físicas. Eso se debe a que el personal tiene que viajar horas para llegar a pueblos donde probablemente verán menos pacientes de los que verían en un sitio tradicional, explicó Jones.
Según ella, las organizaciones que no pueden permitirse programas móviles pueden considerar la creación de “clínicas emergentes” en centros comunitarios y de salud que ya funcionan en las zonas rurales.
María Briones es una paciente que se ha beneficiado del programa Healthy Mujeres en el sur de Texas. Esta trabajadora de guardería, de 41 años, estaba preocupada porque no tenía su menstruación con el DIU.
Se planteó ir a México para que le retiraran el dispositivo porque pocos médicos aceptan su seguro en el lado estadounidense del Valle del Río Grande.
Pero Briones se enteró de que la UniMóvil estaba en un pueblo de Texas a unos 20 minutos de su casa. Le dijo al personal que no quería tener más hijos, pero que estaba preocupada por el DIU.
Briones decidió quedarse con el dispositivo cuando le informaron que es seguro y que es normal no tener la menstruación mientras se usa un DIU. Aunque el sistema de salud de la universidad no acepta su seguro, no le cobrarán la cita que tuvo en la clínica móvil.
“Tienen mucha paciencia y respondieron a todas mis preguntas”, contó Briones.
Los DIU y los implantes hormonales son muy eficaces y pueden durar hasta 10 años. Pero también son caros —los dispositivos pueden costar más de $1,000 sin seguro— y la inserción de un DIU puede ser dolorosa.
A los activistas por los derechos de los pacientes también les preocupa que algunos proveedores presionen a las personas para que utilicen estos dispositivos.
Afirman que los programas éticos de control de la natalidad buscan capacitar a las pacientes para que elijan el método anticonceptivo —si lo hay— que más les conviene, en lugar de promover métodos de acción prolongada en un intento de reducir las tasas de natalidad y pobreza. Señalan la historia de la esterilización inspirada en la eugenesia e incluso incidentes más recientes.
Por ejemplo, una investigación de la revista Time descubrió que es más probable que los médicos presionen a las mujeres afroamericanas, latinas, jóvenes y de bajos ingresos que a otras pacientes para que utilicen métodos anticonceptivos de acción prolongada, y que se nieguen a retirar los dispositivos.
Rivas aseguró que el personal de Healthy Mujeres está formado en este tema.
“Nuestro objetivo no es necesariamente colocar un DIU o unos implantes”, dijo. Buscamos “proporcionar educación y ayudar a las pacientes a tomar las mejores decisions por ellas mismas”.
David Wise, vocero de la University of Arkansas for Medical Sciences, aseguró que el personal del programa móvil de la universidad preguntará a las pacientes si quieren quedarse embarazadas en el próximo año, y apoyarán su decisión. Los programas de Arkansas y Texas también retiran los DIU y los implantes hormonales del brazo si las pacientes no están satisfechas con ellos.
La iniciativa de Arkansas visitará 14 condados rurales con cuatro vehículos del tamaño de los camiones de comida que se utilizaron en anteriores iniciativas de salud móvil. El costo del personal y los equipos se sufragarán con una subvención de $431,000 de un donante anónimo durante dos años, explicó Wise.
Además de la anticoncepción, el personal docente y los médicos residentes que trabajen en los vehículos ofrecerán revisiones de salud femenina, vacunas, atención prenatal y pruebas, y tratamiento de infecciones de transmisión sexual.
Rivas explicó que el programa de Texas se inspiró en un estudio según el cual, seis meses después de dar a luz, el 34% de las madres de Texas encuestadas afirmaban que la anticoncepción de acción prolongada era su método anticonceptivo preferido, pero sólo el 13% lo utilizaba.
“Fue cuando empezamos a pensar en como abordar esa carencia”, dijo Rivas.
Healthy Mujeres, que se financia a través de múltiples subvenciones, empezó centrándose en la anticoncepción. Más tarde se amplió a servicios como ultrasonidos durante el embarazo, pruebas de detección del cáncer de cuello uterino, y pruebas para detectar infecciones de transmisión sexual.
Aunque los programas de Texas y Arkansas pueden facturar a los seguros, también cuentan con financiación para ayudar a las pacientes sin seguro, o con seguro insuficiente, a costearse sus servicios. Ambos recurren a trabajadoras de salud comunitarias —llamadas “promotoras” en comunidades mayoritariamente hispanohablantes como el Valle del Río Grande— para poner en contacto a las pacientes con alimentos, transporte, servicios médicos adicionales y otras necesidades.
Se asocian con organizaciones en las que confía la población local, como bancos de alimentos y colegios comunitarios, que permiten que las unidades móviles se instalen en sus estacionamientos. Y para aumentar aún más la disponibilidad de anticonceptivos de acción prolongada en las zonas rurales, las universidades forman a sus estudiantes y a los proveedores locales sobre cómo insertar, retirar, y obtener el reembolso de los dispositivos.
Una de las diferencias entre los programas viene dictada por las leyes estatales. El programa de Arkansas puede proporcionar anticonceptivos a menores sin el consentimiento de sus padres o tutores. Pero en Texas, la mayoría de los menores necesitan el consentimiento antes de recibir atención de salud, incluidos los anticonceptivos.
Los activistas afirman que estas iniciativas podrían ayudar a reducir las tasas de embarazos no deseados y de adolescentes en ambos estados, que son superiores al promedio nacional.
Rivas y Conroy afirmaron que sus programas no han recibido mucha oposición. Pero Rivas dijo que algunas iglesias que habían pedido que la UniMóvil visitara sus congregaciones cambiaron de opinión tras enterarse de que los servicios incluían métodos anticonceptivos.
Catherine Phillips, directora de la Respect Life Office de la diócesis católica de Arkansas, explicó que la diócesis apoya los esfuerzos para lograr la equidad en la atención de salud y que a ella personalmente le interesan los programas móviles que visitan zonas rurales como el lugar donde ella misma vive.
Pero Phillips agregó que el enfoque del programa de Arkansas en el control de la natalidad, especialmente los métodos de acción prolongada, va en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Ofrecer estos servicios a menores sin el consentimiento de los padres “lo hace más indignante”, dijo.
Jones señaló que, aunque estos programas tienen costos elevados y otros retos, también tienen beneficios que no pueden medirse en cifras.
“Generar confianza en la comunidad y tener un impacto en las comunidades más afectadas por las desigualdades en el acceso a la salud es algo de un valor incalculable”, afirmó.
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