Los hogares para veteranos militares administrados por el estado de Nueva Jersey no estaban preparados para proteger a sus residentes durante el brote de COVID-19, lo que violó sus derechos constitucionales, dijo el Departamento de Justicia en un informe dado a conocer el jueves.
En un duro informe de 43 páginas, el departamento señala las deficiencias en los hogares de Menlo Park y Paramus, donde ocurrieron decenas de muertes al inicio de la pandemia. El informe destaca que la mala comunicación, la falta de personal competente y otras cuestiones permitieron que el coronavirus se propagara “de manera virtualmente desenfrenada a través de todas las instalaciones”.
Entre los hallazgos: las casas no agruparon a los residentes en cohortes según su exposición al COVID-19, lo que resultó en la mezcla de personas infectadas y no infectadas; no utilizaron adecuadamente el equipo de protección personal; no lograron comunicarse internamente de manera efectiva y no mantuvieron las mejoras logradas después de que el Departamentos de Asuntos de Veteranos acudió a ayudar, entre otras cuestiones.
“Incluso para los estándares de los difíciles primeros días de la pandemia, las instalaciones no estaban preparadas para mantener seguros a sus residentes”, señala el informe.
Las instalaciones son operadas por el Departamento de Asuntos Militares y de Veteranos del estado y cada una tiene poco más de 300 camas. El estado llegó a un acuerdo de 53 millones de dólares en 2021 para resolver las acusaciones de que fue negligente y contribuyó a más de 100 muertes en los dos hogares de veteranos.
El gobernador demócrata Phil Murphy calificó el informe como un “recordatorio profundamente inquietante” de que el trato que recibieron los veteranos fue inaceptable. Dijo que su administración hizo cambios de política para mejorar las condiciones, incluida la contratación de administradores privados para las dos casas.
“Sin embargo, está claro que tenemos mucho más trabajo por hacer”, dijo en un comunicado.
La administración de Murphy fue objeto de duras críticas por su manejo de la pandemia en los hogares de veteranos, y los republicanos pidieron investigaciones sobre la forma como el gobierno estatal respondió al brote infeccioso.
En 2021, el estado aceptó pagar 53 millones de dólares para resolver las denuncias de que fue negligente y contribuyó al centenar de muertes en los dos hogares.
Más de 200 residentes de los hogares murieron durante la pandemia. Murphy recibió críticas en abril de 2020 cuando ordenó a los hogares que no rechazaran pacientes que habían dado positivo en los exámenes, orden que anuló más adelante.
