Mi nombre es Junior Rivas, tengo 52 años y vivo en Allentown Pensilvania. Junto a mi esposa con la que tengo 22 años de casados, la paciente S.C., soy padre de dos hijos, uno de 16 y uno de 21 años.
Mi familia está pasando por una situación muy difícil desde el 29 de diciembre de 2022, cuando mi esposa, que tiene 46 años, llegó a un hospital de la Red de Hospitales Lehigh Valley para recibir atención por dolores de cabeza intensos.
Desde entonces la situación se ha empeorado porque el hospital nos ha estado amenazando con deportar a mi esposa a través de una compañía privada de transporte médico. Cuando mi esposa llegó al hospital el 29 de diciembre de 2022, le pusieron un suero y luego la trasladaron por ambulancia a Cedar Crest, otro hospital en la Red de Hospitales Lehigh Valley. En Cedar Crest, le dijeron que se trataba de un aneurisma en su cabeza que estaba obstruyendo el nervio óptico.
Los doctores me informaron que le pondrían un “clip” al aneurisma, un procedimiento que me aseguraron sería mínimamente invasivo. Al siguiente día en la tarde me llamaron para informarme que mi esposa necesitaba intervención quirúrgica, pero hubo complicaciones en la cirugía y mi esposa sufrió un derrame cerebral. Me informaron que ella estaba en estado crítico. Luego de la cirugía le indujeron una coma. A las 3 semanas de administrarle la medicina para inducir la coma, me dijeron que no se la administrarían más y que ella despertaría en un par de semanas. Pero no ha vuelto a despertar. Por cuenta de la cirugía y las complicaciones, los doctores le removieron una parte del cráneo para que la hinchazón del cerebro disminuyera. Pero hasta ahora su cerebro sigue hinchado y no le han vuelto a poner la parte de su cráneo que le quitaron.
Para 4 de marzo de 2023 uno de los doctores me informó que el equipo de neurología estaba esperando hasta luego del 14 de marzo de 2023 para hacerle un CT scan y entonces determinar si ya era tiempo de hacerle una craneoplastia. Entre todo este proceso, los doctores han sido excelentes en el cuidado de mi esposa. Sin embargo, la administración del hospital se ha vuelto hostil contra mí y mi familia. A los dos días de que mi esposa estuviera en el hospital, fui al departamento de trabajo social y solicité seguro médico, por lo que me informaron que no tengo pagos pendientes.
Sin embargo, el 8 de febrero la administración del hospital y el personal de la compañía de transporte médico, Med Escort, comenzaron a intentar convencerme para que accediera a la deportación médica de mi esposa a la República Dominicana. El 10 de febrero de 2023 regresó el personal de Med Escort al hospital para deportar a mi esposa.
Yo me he negado en todo momento a que la transporten fuera del país y no he firmado ningún documento consintiendo su transporte. Luego de que me negué a su transporte, la administración del hospital se ha vuelto muy hostil conmigo y el lunes, 27 de febrero de 2023 me dieron 48 horas para decidir entre tres opciones insostenibles para mi familia y peligrosas para la salud de mi esposa. Buscarle un lugar a dónde trasladarla al final de las 48 horas, llevármela a casa y alquilar el equipo médico, ó dar mi consentimiento para que la deporten a la República Dominicana.
Yo he buscado recursos en la comunidad que me han estado ayudando a encontrar una solución para mi familia. Hay grupos comunitarios y abogados trabajando en el caso de mi esposa; he tocado puertas y he alzado la voz porque a mí no me pesa hacer lo que sea para proteger la vida de mi esposa. Sin embargo, el hospital continúa con la amenaza de deportación para este 8 de marzo.
Yo no soy profesional de la salud, no hay manera que yo pueda ayudar a mi esposa en su condición desde mi casa, aún si tuviera la maquinaria. La razón que el hospital me ha dado para deportar a mi esposa es nuestro estatus migratorio, de hecho, me han dicho que por esa razón, ellos pueden removerla a la República Dominicana sin mi consentimiento.
Mi hijo mayor y yo hemos estado tomando turnos durmiendo en el hospital y velando que no se lleven a mi esposa que aún está en una condición muy delicada de salud, mis hijos y yo tememos por su vida si la remueven.
Ella no se ha despertado de la coma y su cerebro está hinchado. No le han vuelto a poner el hueso del cráneo que le removieron porque su cerebro está hinchado. Ella necesita cuidado de salud y no que la deporten. Mi familia y yo le pedimos al hospital que quiten la amenaza de deportación como una opción para mi esposa. Que trabajen con mi familia, grupos comunitarios y abogados para buscar una solución que ayude a mi esposa a recibir el cuidado de salud que necesita. Por último, le pido que continúen proveyendo atención médica mientras encontramos una solución. Los médicos me han dicho que necesitan más tiempo para determinar el estatus de la salud de mi esposa. Estoy haciendo todo lo que puedo para salvar a mi esposa, pido que el hospital haga lo mismo.
Nota: Esta carta la recibió la redacción de Impacto, enviada por los grupos de apoyo que están ayudando a esta familia dominicana en esta situación. Ellos tienen una campaña abierta en internet que está recolectando firmas para presionar al hospital para que no deporten a esta madre.
Immigrant Mother in a Coma Threatened with Medical Deportation
A coalition of community organizations, advocates, individuals, local elected leaders and family members call on Lehigh Valley Health Network – Cedar Crest Hospital to provide necessary medical care to patient S.C. until she can be transferred to a suitable facility, to confirm that the hospital will not subject her to a medical deportation at any time.
Patient S.C. is a Dominican mother of two and wife who has been in a coma at Lehigh Valley Health Network – Cedar Crest Hospital after suffering complications from an aneurysm surgery in late December 2022. She is bedridden and requires a high level of care in order to recover and survive. On Monday, February 28, Lehigh Valley Health Network – Cedar Crest Hospital informed S.C.’s family that she would be transported to the Dominican Republic on a private charter plane by Thursday, March 2. After some community intervention, the hospital provided S.C.’s husband with a letter threatening to deport her instead in 7 days. Community members mobilized to the hospital to demand that the hospital provide necessary medical care to patient S.C. until she can be transferred to a suitable facility, and not subject her to a medical deportation at any time.
The Lehigh Valley Health Network hospitals, including Cedar Crest Hospital, must commit to rejecting the practice of medical deportation and provide patient S.C. with the care she needs until appropriate care is identified by the hospital and the family.
Medical deportation is a practice used by hospitals to deport immigrants in the U.S. without informed consent or through coerced consent of the patient’s family. Hospitals charter private flights to transport undocumented patients to their country of origin to avoid having to pay for long-term medical care. Forced deportation of these patients typically results in death or aggravation of their illness or injury.
The practice of private deportations by hospitals is unregulated, with little transparency or accountability. Little data exists about this practice. Medical deportations can occur even if the patient is not in a condition to travel safely or receive adequate care in the country of origin. Moreover, medical deportations separate patients in critical conditions from their support and family networks.
Hotline: You can always access the End Medical Deportation Hotline to learn more and report a medical deportation at 614-721-4829
Pennsylvania Immigrant and Citizenship Coalition, Free Migration Project, Make the Road – Pennsylvania, CASA.
