La comparecencia de Donald Trump ante una corte federal en Miami profundizó la presencia de discursos sobre persecución política o cumplimiento de la ley que, según analistas, avivan la polarización de EE. UU. y ponen al país en la lupa global.
La comparecencia del expresidente Donald Trump ante la corte federal de Miami por cargos de mal manejo de documentos secretos profundizó la división política de Estados Unidos pero sentó un precedente sobre el estado de derecho, aseguran analistas.
Trump se declaró no culpable el martes de 37 cargos federales. Las divisiones del país fueron visibles en el exterior de la corte, donde simpatizantes y detractores del expresidente manifestaron sus posiciones y se reportaron momentos de visibles tensiones.
“No estamos en un momento donde esperaríamos que estuviera nuestro país. Una de las implicaciones que hemos visto es cómo nos hace ver esto», dijo la profesora de ciencias políticas de la Universidad de Chicago, Susan Stokes.
Stokes y otros expertos de la casa de altos estudios analizaron este miércoles en un panel online las implicaciones que el caso de Trump, enzarzado en varias batallas legales, deja para EE. UU. y la imagen que refleja el país ante el mundo.
«La línea de pensamiento es que si los exjefes ejecutivos son procesados, eso significa que nos estamos volviendo más como una república bananera o un país del tercer mundo”, señaló Stokes.
La profesora explicó que en casos como Perú, “donde la mayoría de los expresidentes de las últimas décadas han sido procesados”, dichos enjuiciamientos no son “categorizados” como una venganza política y “tienden a conducir a un hallazgo de culpabilidad”.
En ese contexto, desde América Latina EE. UU. está siendo observado. “Hemos alentado el cumplimiento del derecho en otros países y sería una hipocresía a los ojos de muchos si no estuviéramos aplicando el estado de derecho”, dijo Stokes.
Trump enfrenta otros retos legales
Además de los 37 cargos federales por el mal manejo de documentos clasificados luego de su salida de la Casa Blanca, que incluyen delitos recogidos en la Ley de Espionaje que podrían significar hasta 10 años de cárcel, Trump enfrenta otros retos legales.
En abril pasado, el expresidente tuvo que comparecer ante un tribunal en Manhattan, Nueva York, donde se declaró no culpable de 34 cargos estatales relacionados con uso indebidos de fondos de campaña para pagar a una estrella de cine para adultos mientras aspiraba a la presidencia en las elecciones de 2016.
Meses después, un jurado lo encontró responsable de abusar sexualmente de una experiodista hace más de tres décadas y le ordenó pagar 5 millones de dólares a la víctima.
El fiscal especial Jack Smith, que lidera la pesquisa sobre los documentos clasificados, también investiga los esfuerzos de Trump por revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y retener el poder tras su derrota, además de su implicación en los sucesos del Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando fue atacado por seguidores del exmandatario que buscaban detener la confirmación de Biden como presidente electo.
El exmandatario tiene el dudoso récord de ser el primer presidente de EE. UU. en pasar por dos procesos de destitución, además de convertirse en el primer exgobernante del país que ha tenido que comparecer ante un juzgado estatal y luego federal.
A pesar de eso, y al contrario de lo que tradicionalmente ocurre, la popularidad de Trump entre su base electoral crece con cada acusación. Sus seguidores repiten los argumentos de Trump de que es objeto de una «cacería de brujas» por parte de la administración Biden.
Miembros de su partido se han apresurado a defenderlo, entre ellos, su excontendiente por la nominación republicana en las elecciones de 2016, el senador republicano Ted Cruz.
Al conocerse la acusación en Manhattan, Cruz aseguró en marzo pasado que el proceso contra Trump era un espejo de “repúblicas bananeras” y que esta situación era un «golpe para Estados Unidos».
De igual forma, el senador de Florida Marco Rubio cargó contra el Departamento de Justicia acusándolo de tratar de encarcelar «no sólo a un expresidente, sino al principal oponente del actual presidente en las elecciones de 2024», en las que Trump se perfila como el principal candidato a la nominación republicana.
«El daño que esto ya le está causando a nuestro país supera con creces el daño (si lo hay) de lo que alegan en la acusación», afirmó Rubio, uno de los principales críticos de la exsecretaria de Estado y excandidata demócrata a la presidencia, Hillary Clinton, tras descubrirse que utilizó servidores no seguros para sus emails de trabajo cuando estaba al frente del Departamento de Estado.
En esa ocasión, Rubio denunció al FBI por no procesar a Clinton por mal manejo de documentos clasificados.
De acuerdo a la investigación del fiscal Smith, Trump se llevó consigo cientos de documentos clasificados, los guardó de manera descuidada en sus residencias personales, y se negó a entregarlos aún bajo petición de las autoridades competentes.
En cuanto a esto, la profesora Stokes remarcó que “lo que se espera” de las democracias electorales es que “eliminen” a las personas que “cometerán delitos en el cargo”.
Diferencias con el caso Biden
En las semanas previas a la acusación, Trump subió de tono su retórica condenatoria, acusó sin pruebas al DOJ de querer «ir a por él» y señaló el supuesto doble rasero al no enjuiciar al presidente Joe Biden por el mismo motivo.
Biden, principal candidato demócrata a las elecciones de 2024, está siendo investigado en un proceso aparte por registros clasificados que se remontan a su época como vicepresidente, durante el gobierno de Barack Obama, y que fueron encontrados en una antigua oficina del mandatario en Washington y en su casa en Delaware.
La defensa de Biden ha recalcado que los documentos fueron entregados a los funcionarios del gobierno tan pronto como fueron encontrados.
En casos como el de Biden y Trump, en relación a documentos confidenciales, “la diferencia fundamental es que Trump no los entregó cuando el gobierno se lo pidió”, dijeron los expertos.
“Es diferente si alguien dice que hay un montón de cajas con archivos en alguna parte y entre ellos algunas cosas que resultaron ser clasificadas sin saberlo, pero creo que la acusación presenta una manera muy persuasiva en el caso de Trump, que él sabía”, dijo la experta en historia legal de EE. UU. Alison LaCroix.
LaCroix abundó en que es errónea la percepción de que “la acusación es el final del proceso legal” cuando aún se debe ir a juicio ante un gran jurado federal conformado por ciudadanos de la Florida.
EE. UU. polarizado en un momento «sin precedentes»
Pese a ser la primera vez que un expresidente estadounidense es procesado por la justicia federal, “el hecho de que las supuestas acciones de Donald Trump no tengan precedentes no significa que todos en la nación carezcamos de precedentes legales y constitucionales para evaluar esos actos”, dijo LaCroix.
La experta señaló casos como los de Richard Nixon y el escándalo de Watergate, en el que una Corte estableció que un presidente, incluso desde su posición, no es inmune a las citaciones federales en medio de procesos penales.
En su caso, la impugnación en su contra ocurrió en relación a unas cintas de audio que había instalado para grabar sus conversaciones en la Casa Blanca y que Nixon se negó a hacer públicas.
Otro caso señalado por LaCroix fue el de Bill Clinton, en el que un tribunal decidió que un presidente, “incluso mientras se desempeña” como tal, “puede ser demandado por daños y prejuicios ante un tribunal federal”. La demanda contra el entonces presidente fue por parte de Paula Jones, quien alegó que había sido la víctima de proposiciones sexuales indecorosas hechas por Clinton.
“Creo que vemos en estos casos que se rechazan las afirmaciones del presidente con protecciones especiales o estándares elevados”, apuntó LaCroix.
