El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden anunció el jueves una estrategia para hacer que los contaminadores industriales rindan cuentas por los daños causados a comunidades pobres y conformadas por minorías.
La estrategia, que cumple una promesa de campaña, incluye la creación de una Oficina de Justicia Ambiental como parte del Departamento de Justicia para enfocarse en las “comunidades perimetrales” que han estado expuestas a la contaminación del aire y el agua causada por plantas químicas, refinerías y otros sitios industriales.
El plan también restablece un programa inactivo que permite que las multas pagadas por la industria como parte de un acuerdo se destinen a actividades comunitarias como limpieza de ríos, clínicas de salud u otros programas que benefician el medio ambiente o la salud pública. El programa fue usado por presidentes de ambos partidos antes de ser eliminado durante el gobierno de Donald Trump.
“Aunque las violaciones de nuestras leyes ambientales pueden ocurrir en cualquier lugar, las comunidades no blancas, las comunidades indígenas y las comunidades de bajos ingresos a menudo son las más afectadas por el daño causado por los delitos ambientales, la contaminación y el cambio climático”, dijo el secretario de Justicia Merrick Garland en conferencia de prensa.
“Y durante demasiado tiempo, estas comunidades han enfrentado barreras para acceder a la justicia que merecen”, subrayó.
“Ningún estadounidense debería tener que vivir, trabajar o enviar a sus hijos a la escuela en un vecindario que soporta una parte injusta de riesgos ambientales”, agregó la secretaria adjunta de Justicia, Vanita Gupta.
El presidente Biden prometió durante su campaña en 2020 que establecería una división de justicia ambiental como parte del Departamento de Justicia y llevaría los problemas de justicia ambiental a un enfoque que abarque todo el gobierno.
