El Caucus Hispano en el Congreso (CHC) anunció el 9 de agosto una estrategia para asegurar que los latinos estén involucrados y representados en la redistribución de los distritos electorales sobre la base del Censo 2020.
«La redistribución de distritos dictará en qué medida las comunidades latinas estarán representadas en el Congreso en la próxima década», dijo Rubén Gallego, presidente de Bold Pac, la agencia de campañas de CHC.
El censo se realiza en Estados Unidos, por mandato constitucional, cada diez años y sus resultados determinan la distribución de la representación política en el Congreso y el Colegio Electoral, y de miles de millones de dólares en programas federales de vivienda, salud, educación, infraestructura y prestaciones sociales.
«La campaña ayudará a luchar por un proceso de redistribución de distritos que sea justo de forma que el poder del voto latino, y que su capacidad para elegir representantes que expresen sus valores no se diluya», añadió Gallego.
Bold Pac ha trabajado en las últimas dos décadas para «aumentar la representación latina en el Congreso», señaló el grupo. «Una estrategia nacional de redistribución de distritos realzará estos esfuerzos».
El Censo 2020, afectado por la pandemia, estuvo entrelazado asimismo por dos esfuerzos del gobierno del ex presidente Donald Trump, que los activistas hispanos vieron como intentos por soslayar la cuenta de inmigrantes.
En 2019, el gobierno de Trump insistió en incluir en los cuestionarios del censo una pregunta sobre la ciudadanía de los empadronados. El mandato constitucional estipula que se cuenten a todas las personas que se encuentran en el país, y nada dice sobre su ciudadanía.
En 2020, la Administración republicana de Trump propuso que, cuando llegara el momento de redistribuir las representaciones políticas en el Congreso, no se tomaran en cuenta a los inmigrantes indocumentados.
Ambas gestiones enfrentaron querellas judiciales que llegaron al Tribunal Supremo de Justicia. En el caso de la pregunta de ciudadanía, el Supremo lo rechazó, y en caso de los indocumentados postergó una decisión y el gobierno del presidente Joe Biden abandonó la querella.
