Nueva York, (EFE ).- Una coalición de 21 fiscales generales de EE.UU. presentó este viernes una demanda en contra del presidente Donald Trump tras anunciar su intención de excluir a millones de inmigrantes de ser contados en el censo que se lleva a cabo en el país.
De acuerdo con la demanda -a la que también se unieron nueve ciudades y cuatro condados- con su acción, Trump busca dejar «ilegalmente a millones» sin la representación en la Cámara de Representantes federal que tiene derecho cada estado, de acuerdo con los resultados del censo, que se realiza cada diez años por mandato constitucional.
Según la coalición de fiscales, liderados por Nueva York, la demanda busca evitar que la Administración Trump politice el censo y viole mandatos constitucionales.
También busca garantizar que la Administración cuente el número total de personas que residen en el país para el reparto de los distritos congresionales, «como lo exige inequívocamente la Constitución», señala un comunicado en conjunto de los fiscales generales.
«La proclamación del presidente Trump es la última de una larga lista de acciones y declaraciones antiinmigrantes que ha hecho desde el comienzo de su primera campaña» electoral, indicó en el comunicado la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
Indicó además que la acción de Trump es «otra táctica del año electoral para encender su base deshumanizando a los inmigrantes y usándolos como chivos expiatorios por sus fracasos como líder».
El presidente Trump anunció el pasado 21 de julio que excluirá a los inmigrantes indocumentados del conteo, de cara a la distribución de los representantes por estado ante la Cámara Baja.
Su decisión se dio a conocer en un memorándum publicado por la Casa Blanca y firmado por el gobernante cuando aún se lleva a cabo el censo en el país, el cual concluirá en octubre próximo su etapa de entrevistas.
«A los fines de la redistribución de Representantes después del censo 2020, es política de Estados Unidos excluir de la base de distribución a los extranjeros que no se encuentren en un estado migratorio legal», señala dicho documento, que no precisó el mecanismo para determinar la condición migratoria de los empadronados.
No obstante indica que el 11 de julio de 2019 Trump ordenó a los departamentos y agencias del Ejecutivo compartir información con el Departamento de Comercio sobre el número de ciudadanos y no ciudadanos, así como de inmigrantes indocumentados.
«Nadie deja de ser una persona porque carezca de documentación, por eso presentamos esta demanda», afirmó James.
«En lugar de generar miedo, ahora es el momento de participar en una sólida campaña de educación y divulgación para asegurar que cada persona en este país sea contada. Vencimos al presidente antes en la corte, y lo golpearemos nuevamente», aseguró la fiscal de Nueva York.
La coalición también deja claro en la demanda que las declaraciones y acciones públicas del presidente Trump y su Administración han establecido que la razón para excluir indocumentados «siempre ha sido motivada por el ánimo racial contra los inmigrantes de color y el deseo de frenar el poder político de estas comunidades».
También establecen que el memorándum del presidente declara explícitamente que el objetivo de la Administración Trump es reducir la influencia política y la representación en el Congreso a las jurisdicciones con una mayor proporción de inmigrantes indocumentados.
Además, afirman que el anuncio del presidente «claramente» tiene la intención de promover el miedo y disuadir la participación en el censo de inmigrantes y sus familias, ya que se produce solo unas semanas antes de que los enumeradores estén programados para salir y alentar a los hogares a responder al censo.
La demanda incluye además al Departamento de Comercio y su secretario, Wilbur Ross, y a la Oficina del Censo y su director, Steven Dillingham.
