Colorado adoptó “medidas de protección mejoradas” para reducir la contaminación del aire en tres áreas con fuerte presencia latina, tras reconocer que esta comunidad ha sido “desproporcionadamente afectada” por el deterioro ambiental causado por actividades industriales.
Según informó este viernes el Departamento de Salud Pública y Medioambiente de Colorado (CDPHE), la Comisión de Control de la Calidad del Aire aprobó el jueves un plan que exige que las compañías que generan contaminación (por ejemplo las petroleras) presenten un Programa de Justicia Ambiental para obtener o renovar sus permisos de operación.
Colorado es el segundo estado del país, luego de Nueva Jersey, en adoptar ese requisito y el primero en enfocarse en tres vecindarios latinos, en este caso el norte de Denver (84 % de hispanos), Commerce City (suburbio de Denver con un 48 % de hispanos) y Pueblo (la principal ciudad en el sur del estado, con 50 % de hispanos).
Denver y Commerce City se ven afectados por las emisiones de la Refinería Suncor, construida hace casi un siglo en lo que en aquella época era un descampado pero que ahora es una zona plenamente urbana. En Pueblo, una fábrica de productos basados en petróleo se ubica cerca de los barrios latinos de la ciudad.
“Cuando se trata de proteger el aire limpio, queremos que todos los habitantes de Colorado tengan un asiento en la mesa”, expresó en un comunicado Michael Ogletree, director de la División de Control de la Contaminación del Aire.
“Los pensamientos y las experiencias vividas de las comunidades locales pueden impactar directamente nuestras acciones, como se demuestra con estas nuevas protecciones. Alentamos a todos en Colorado a que se mantengan involucrados en nuestro trabajo y nos ayuden a continuar mejorando la calidad del aire para todos, especialmente para las comunidades con mayor riesgo de contaminación”, agregó.
Las nuevas medidas son el resultado de la Ley de Justicia Ambiental de Colorado, aprobada por la Legislatura estatal en 2021, que ya exige a las compañías que trabajan con petróleo, gas natural u otros contaminantes usar nuevas tecnologías para monitorear continuamente la calidad del aire dentro y fuera de sus instalaciones, y a reportar esos resultados en tiempo real y en inglés y español.
La ley también exige que a partir del 1 de junio de este año las empresas que busquen obtener o renovar permisos para operaciones que puedan provocar contaminación realicen consultas comunitarias (encuestas, reuniones públicas, encuentros virtuales) para recibir comentarios y sugerencias de la comunidad.
Esos comentarios y sugerencias deberán incorporarse al Programa de Justicia Ambiental desarrollado por cada compañía. Y, a su vez, ese plan deberá adjuntarse a cada solicitud para obtener un permiso.
“Esta regla es un importante paso adelante en la reducción de las disparidades de salud para las comunidades de color y las comunidades de bajos ingresos de Colorado”, comentó Joel Minor, director del Programa de Justicia Ambiental del CDPHE.
La nueva regla también exige que el monitoreo automático dentro y fuera de cada compañía provea detalles de qué contaminantes se detectan en qué lugares, así como modelos más detallados de la posible contaminación producida por las actividades de la empresa que solicite un permiso.
“Hoy la Comisión respondió a los llamados a la acción de las comunidades de Colorado para hacer más en respuesta a las injusticias históricas y al impacto desproporcionado de la contaminación del aire”, enfatizó Minor.
