Mientras miles de niños eran separados de sus padres en la frontera sur de Estados Unidos durante una ofensiva del gobierno del presidente Donald Trump contra los cruces ilegales, una abogada de oficio federal en San Diego se propuso encontrar nuevas estrategias para combatir la añeja ley de deportación que fomenta las separaciones familiares.
La defensa jurídica resultante que Kara Hartzler ayudaría a redactar en los años siguientes —un trabajo que continuó incluso después de que en junio de 2018 un juez obligara a detener la práctica de separar a los hijos de los padres en la frontera entre Estados Unidos y México— no tenía precedentes.
Denunció que la Sección 1326 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad —la cual determina que es un delito regresar ilegalmente a Estados Unidos después de la deportación, expulsión o admisión denegada— era racista y violaba los derechos a la igualdad en la protección garantizados por la Quinta Enmienda constitucional.
Y se convirtió en el marco legal inédito en agosto de 2021 por parte de Miranda Du, jueza federal de distrito de Nevada. Ella derogó la ley tras determinar que era inconstitucional y discriminatoria contra los latinos cuando desestimó un cargo de reingreso ilegal contra el inmigrante mexicano Gustavo Carrillo López, aunque no bloqueó su aplicación, y los encausamientos no han cesado mientras el gobierno apela el caso.
En su fallo de 43 páginas, Du citó gran parte de la defensa jurídica de Hartzler. “El expediente ante la Corte refleja que en ningún momento el Congreso ha confrontado las raíces racistas y nacionalistas de la Sección 1326”, escribió la jueza.
Hartzler, que durante la última década ha sido defensora de oficio federal en California, dijo que se quedó estupefacta tras enterarse del fallo.
“Cuando has trabajado en derecho durante tanto tiempo como yo, sabes que sólo porque tengas la razón jurídicamente ello no significa que siempre ganes”, agregó. “Hay muchas fuerzas en juego en la toma de decisiones jurídicas”.
El caso, que podría sentar un precedente, ha estado en un limbo legal durante más de un año mientras un tribunal federal de California sopesa la apelación del Departamento de Justicia en defensa de la ley. A pesar del enfrentamiento en curso en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, el caso de Nevada ha puesto bajo los reflectores del país la historia poco conocida de la Sección 1326.
“Realmente es una ley mal entendida cuando piensas en el grado al que está fundamentada en una ideología explícitamente racista y supremacista blanca”, dijo Sirine Shebaya, directora ejecutiva del National Immigration Project (Proyecto Nacional de Inmigración), una organización sin fines de lucro.
La Sección 1326, que criminaliza el ingreso no autorizado a Estados Unidos, junto con su contraparte de delitos menores —la Sección 1325—, fue promulgada por el Congreso en 1952.
Pero los orígenes de la ley pueden rastrearse un siglo atrás, a la década de 1920, un decenio que Kelly Lytle Hernandez, profesora de historia de la Universidad de California campus Los Ángeles e investigadora principal de la Sección 1326, considera que fue “una época en la que el Ku Klux Klan renació, (las leyes segregacionisas) Jim Crow alcanzaron la mayoría de edad y los intelectuales públicos predicaban la ciencia de la eugenesia”.
Muchos de los elementos clave que formaron la defensa legal que ahora está siendo sopesada por el Noveno Circuito provienen de los hallazgos de Hernandez sobre los antecedentes discriminatorios de la Sección 1326.
El Congreso en la década de 1920, enfocado en implementar una legislación que bloqueara a la inmigración “indeseable”, promulgó la Ley de Orígenes Nacionales de 1924, la cual estableció un límite al número de inmigrantes que podían ingresar a Estados Unidos bajo un sistema que reservaba el 96% de las plazas para inmigrantes europeos e incluía una prohibición absoluta a la llegada de inmigrantes asiáticos.
No obstante, los inmigrantes del hemisferio occidental estaban exentos de ese sistema, incluidos los de México. Hernandez, quien fue convocada como testigo experto en el caso de Nevada, dijo que esa excepción se realizó a consecuencia de una solución negociada alcanzada entre los legisladores nacionalistas y los empleadores que habían llegado a depender en gran medida de la mano de obra barata de México.
Pero antes de que concluyera la década, Coleman Livingston Blease, senador de Carolina del Sur, orquestaría un nuevo acuerdo con los empleadores que condujo a la Ley de Extranjeros Indeseables de 1929.
Bajo esta nueva ley, la entrada no autorizada a Estados Unidos se volvió ilegal, lo que le permitió al Congreso limitar la inmigración desde México sin implementar una prohibición rotunda.
Blease, dijo Hernandez, era un “orgulloso supremacista blanco” que abogaba por la segregación y defendía el linchamiento. “Eso por sí solo requiere algo de evaluación”, señaló.
Casi un siglo después, el Departamento de Justicia ha reconocido que la ley de 1929 estuvo motivada por el racismo. Pero en los argumentos orales ante el Noveno Circuito, un abogado del gobierno federal argumentó que revisiones posteriores —como la Sección 1326— hicieron que ya se apegue a la Constitución.
No obstante, el fallo de Du señala que la revisión de 1952 que estableció la Sección 1326 había adoptado el lenguaje “palabra por palabra” de la legislación de 1929 y, desde entonces, las sanciones —que van desde ir a prisión hasta la deportación permanente— han sido endurecidas al menos en cinco ocasiones.
Los abogados del Departamento de Justicia también han reconocido que la Sección 1326 “tiene más peso sobre las personas mexicanas y latinas”, pero argumentaron que la disparidad es “un producto de la geografía, no de la discriminación”, así como “una característica de la proximidad de México a Estados Unidos, el historial de los patrones de empleo mexicanos, y otros factores sociopolíticos y económicos que impulsan la migración de México a Estados Unidos”.
Entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, el año fiscal del gobierno federal estadounidense, el 96% de las personas acusadas bajo la Sección 1326 eran de México, Centroamérica, Sudamérica y las islas del Caribe de habla hispana.
Los casos de las secciones 1325 y 1326 se encuentran entre los cargos más procesados por el gobierno federal, y alcanzaron cifras récord en el año presupuestario 2019, cuando casi 90.000 personas fueron acusadas bajo la Sección 1325 y casi 25.500 bajo la Sección 1326. La cantidad de procesamientos ha disminuido desde que comenzó la pandemia de COVID-19, pero el Departamento de Justicia aún procesa a decenas de miles de personas anualmente por reingreso ilegal.
Este año fiscal, por ejemplo, el Departamento de Justicia bajo el gobierno del presidente Joe Biden procesó 13.670 casos bajo la Sección 1326. La gran mayoría de esos acusados recibieron cargos en estados fronterizos, incluidos Arizona, Nuevo México y Texas.
“Si analizas esta ley desapasionadamente y sin motivaciones políticas, los hechos de la legislación, cómo se promulgó y su impacto sobre los inmigrantes de países latinos, el asunto está realmente claro”, dijo Shebaya, del Proyecto Nacional de Inmigración. “Hay una clara violación a la igualdad de protección”.
No existe un plazo para que el Noveno Circuito emita su fallo sobre la apelación del Departamento de Justicia.
Mientras tanto, el gobierno federal continúa procesando casos de la Sección 1326 en todo el país porque el fallo de Du no incluía una orden judicial sobre la ley.
“Sigue siendo bastante indignante que continúen procesando” casos, dijo Shebaya, “dado que hay una orden judicial que dice que son inconstitucionales”.
Al mismo tiempo, algunos de los miles de niños separados de sus padres durante el gobierno de Trump aún no han sido reunidos con ellos.
Bajo la política de inmigración de Trump, todos los adultos que cruzaron la frontera sin autorización fueron acusados de entrada ilegal. Debido a que los niños no pueden ser encarcelados con sus padres, el Departamento de Salud y Servicios Humanos se hizo cargo de la custodia de los niños. No se puso en marcha ningún sistema de reunificación.
