Las denuncias de agresiones sexuales en las Fuerzas Armadas de EE. UU. aumentaron el 1 % en el año fiscal 2022, cuando ascendieron a 8.942, 76 más que en 2021, según cifras dadas a conocer este jueves por el Pentágono.
Si se miran los datos por ramas de las Fuerzas Armadas, las denuncias disminuyeron en el Ejército el 9%, con 3.718 recibidas; y subieron en la Armadas (el 9%), el cuerpo de Marines (el 3,6%) y en la Fuerza Aérea (el 13%).
La directora ejecutiva de Resiliencia de la Fuerza, Beth Foster, explicó en una rueda de prensa que el hecho de que haya más denuncias demuestra que las víctimas de agresiones sexuales están siendo atendidas y reciben la defensa que necesitan, al tiempo que se abre la posibilidad de que haya una rendición de cuentas a través de la Justicia militar.
Foster subrayó que «desde el día uno» el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha tenido como prioridad acabar con los abusos sexuales en la Fuerzas Armadas, durante una presentación del informe anual sobre este asunto.
Destacó las inversiones «sin precedentes» que se han hecho en el Pentágono para acabar con esta lacra y la puesta en marcha de iniciativas, como la creación de un grupo de trabajado dedicado especialmente a la prevención de los abusos.
Entre los esfuerzos está la creación de un programa especial de abogados de las víctimas, que son letrados que representan ante la Justicia castrense a las personas que han sufrido abuso y la figura de las oficinas del abogado litigante, que son generales o almirantes designados por cada cuerpo que se encargan de decidir de forma independiente cómo se procesa cada caso.
De acuerdo al informe, en el año fiscal 2022, los comandantes prefirieron presentar cargos contra los agresores antes cortes marciales en el 37% de los casos en los que hubo pruebas de abusos sexuales. Esto supone un nuevo descenso anual, ya que desde 2013, donde se registró el 71%, han ido bajando cada año.
Por contra, en el año fiscal 2022, el 74% de las causas de este tipo que acabaron en tribunales militares se zanjaron con una condena, lo que supone un aumento del 72% respecto a 2021 y confirma la tendencia al alza desde 2013.
