Washington, EE. UU. — El Departamento de Justicia de Estados Unidos otorgará más de 200 millones de dólares a los estados y al Distrito de Columbia para impulsar programas de prevención de la violencia armada, como parte de la ley de control de armas aprobada por el Congreso hace pocos meses, informaron autoridades el martes.
La iniciativa incluye fondos para la implementación de leyes “bandera roja”, es decir órdenes de protección contra riesgos extremos, diseñadas para quitar armas a personas de potencial conducta violenta a fin de evitar que se lastimen a sí mismos o a otros. Diecinueve estados y el Distrito de Columbia tienen leyes bandera roja.
Parte de los 231 millones de dólares anunciados el martes, en el quinto aniversario de la masacre escolar de Parkland, Florida, irá a procedimientos judiciales de intervención en crisis y otros programas de reducción de violencia armada.
Las leyes bandera roja han sido promovidas por el presidente Joe Biden y activistas como una eficaz herramienta para evitar la violencia armada antes de que ocurra. Sin embargo, un análisis de The Associated Press halló que rara vez son usadas, aun cuando están aumentando los hechos de violencia armada en todo el país. Ello podría deberse a una falta de conciencia sobre las leyes o la renuencia a aplicarlas.
Por ejemplo, el sospechoso de la masacre en un club LGBT en Colorado Springs, Colorado, en noviembre, supuestamente había amenazado a su madre un año y medio antes, pero no hay registro de que ni la policía ni otros familiares trataron de usar esa ley vigente en Colorado.
Las leyes varían de estado a estado, pero por lo general permiten que familiares o la policía pidan a los tribunales emitir una orden para quitarle las armas a la persona, para un máximo de un año. Hay quienes denuncian que la ley podría violar el derecho constitucional a portar armas. El Departamento de Justicia dice que el programa contiene medidas para evitar que sea abusado.
Los fondos son parte de los 1.400 millones de dólares aprobados por el Congreso para que el Departamento de Justicia los use en un plazo de cinco años para medidas de prevención contra la violencia con armas.
