La Administración de Joe Biden ha anunciado dos nuevas acciones ejecutivas que podrían dar alivio a miles de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. La primera tiene como objetivo agilizar el proceso mediante el cual los indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses, pueden solicitar la residencia permanente.
La medida es muy acertada porque, de acuerdo con estimaciones, beneficiará aproximadamente a medio millón de personas. Permitirá que quienes ingresaron de forma ilegal, pero tienen más de 10 años en el país y estén casados con ciudadanos americanos, tengan la posibilidad de obtener una figura llamada “parole in place”.
Se trata de una ficción jurídica que funciona como si la persona hubiera ingresado de forma legal. Esto viabilizará que pueda, sobrevenidamente, pedir la residencia legal permanente, sin exponerse a una entrevista consular. La inmensa mayoría tiene temor a la entrevista, porque es una realidad que muchas terminan en una negación de visa y en la separación de las familias.
La medida favorece a las personas que han vivido en Estados Unidos por más de 10 años. Al igual que en otros procesos, hay que demostrar el tiempo a través de cualquier tipo de evidencia primaria o secundaria: puestos de trabajo, ingresos, seguro médico, inscripciones de hijos en el colegio, estados bancarios, registro de vehículo, licencia de conducir, compra de vivienda, etcétera. También pueden incorporarse figuras como los “affidavit” (declaraciones juradas de terceros), que justifiquen la permanencia.
La segunda orden ejecutiva anunciada por la Casa Blanca permitirá que algunos emigrantes indocumentados obtengan visas de empleo. Lo importante es que la mayoría de los dreamers o beneficiarios de DACA podrían recobrar el estatus jurídico migratorio que perdieron en un momento determinado.
Aunque no es exclusiva para los dreamers, beneficia a todos aquellos que han pasado por una institución de educación superior, es decir, universitaria. En teoría, es como una suerte de premio o recompensa a su esfuerzo para llegar a ese nivel.
De momento, y mientras se publican otros detalles, lo más importante es que los posibles beneficiarios acudan inmediatamente al abogado de inmigración de su confianza. Las solicitudes deben plantearse de la manera más rápida posible, porque estamos en vísperas de elecciones presidenciales. Es decir, en época de posibles cambios o acciones judiciales.
* Héctor Benítez Cañas es abogado de inmigración en Miami. Su firma Benme Legal se dedica a la práctica exclusiva de la Ley de Inmigración. https://www.benmelegal.org/
