Mientras Estados Unidos llora a las víctimas de su último tiroteo masivo (19 estudiantes de primaria y dos maestros asesinados a tiros en Texas), los gobernadores demócratas intensifican sus llamados a imponer mayores restricciones a las armas.
Muchos gobernadores republicanos enfatizan una solución diferente: más seguridad en las escuelas.
La división entre los gobernadores de la nación refleja una división partidista que ha obstaculizado la acción en el Congreso y en muchos capitolios estatales sobre la mejor manera de responder a un número récord de muertes relacionadas con armas de fuego en los EE. UU. Las diferencias políticas tocan profundamente las raíces del país, destacando las tensiones entre la vida, la libertad y los derechos constitucionales enunciadas en los documentos fundacionales de la nación.
Después de la masacre en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, The Associated Press preguntó a los gobernadores si creían que sus estados tenían la obligación de reducir los tiroteos masivos y la violencia con armas de fuego y, de ser así, cómo hacerlo. Aproximadamente la mitad respondieron. Hubo acuerdo en que tenían la responsabilidad de tratar de hacer algo. Tanto los demócratas como los republicanos mencionaron la necesidad de invertir en servicios de salud mental y capacitación para tratar de ayudar a las personas potencialmente propensas a un arrebato violento.
¿Se debería prohibir que las personas menores de 21 años compren armas semiautomáticas? ¿Deberían limitarse los cargadores de municiones a no más de 10 balas?
Muchos gobernadores demócratas dijeron “sí”. “Si no te tomas en serio las armas, no te tomas en serio la prevención del crimen. Creo que eso es más cierto hoy que nunca”, dijo el gobernador demócrata Ned Lamont de Connecticut, donde 20 estudiantes y seis adultos fueron asesinados en la escuela primaria Sandy Hook hace una década.
El gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, dijo que apoya los límites tanto en la capacidad de las balas como en la compra de armas semiautomáticas. Se reunió el 27 de mayo con los defensores del control de armas en Filadelfia mientras denunciaba a la Legislatura liderada por los republicanos de su estado por no aprobar sus propuestas de control de armas.
“Preferirían ceder cobardemente al lobby de la fabricación de armas que aprobar una legislación de sentido común que evitaría que los niños mueran”, dijo Wolf.
Entre los gobernadores republicanos que respondieron a la AP, solo el gobernador de Vermont, Phil Scott, expresó su apoyo a tales esfuerzos de control de armas. Scott firmó una ley en 2018 que limita la capacidad de los cargadores de armas de fuego y eleva la edad general para comprar armas a 21 años, con excepciones para los jóvenes de 18 a 20 años que realizan un curso de seguridad con armas de fuego.
Otros gobernadores republicanos esquivaron las preguntas de AP sobre medidas específicas de control de armas o dijeron que se oponían a ellas. El gobernador de Alaska, Mike Dunleavy, fue un rotundo “no” a la hora de establecer límites o restricciones de edad que pudieran infringir los derechos constitucionales. “Leyes de armas más estrictas no son una solución a este problema; debemos centrar nuestra atención en el estado de la salud mental en nuestras comunidades”, dijo la oficina de Dunleavy en un correo electrónico.
El gobernador de Ohio, Mike DeWine, dijo que no respaldaría tales propuestas de control de armas, porque cree que no tienen ninguna posibilidad de ser aprobadas en la Legislatura liderada por el Partido Republicano del estado. DeWine, un republicano, propuso gastar “una cantidad significativa de dinero” en esfuerzos para garantizar que las escuelas estén protegidas contra posibles ataques. No describió exactamente lo que implicaría esa seguridad.
Los gobernadores republicanos eran más propensos a apoyar los esfuerzos para fortalecer la seguridad en las escuelas. AP preguntó sobre las propuestas para armar a los maestros y al personal con armas de fuego, agregar guardias de seguridad o proteger las escuelas con detectores de metales y cercas.
Aunque su oficina no respondió a la encuesta de AP, la gobernadora republicana Kristi Noem de Dakota del Sur acusó a los llamados al control de armas como “basura” y adoptó mayores medidas de seguridad escolar durante un discurso del pasado viernes ante la convención de la Asociación Nacional del Rifle en Houston.
“¿Por qué protegemos nuestros bancos, nuestras tiendas y celebridades con guardias armados, pero no a nuestros hijos? ¿No son realmente nuestro mayor tesoro? dijo Noé.
La gobernadora republicana Kim Reynolds de Iowa también presentó una variedad de posibles medidas de seguridad escolar mientras hablaba con los periodistas.
“buscando formas de fortalecer las escuelas, de tener conversaciones sobre los oficiales de recursos estatales”, dijo, y luego agregó: “Tal vez una entrada única al sistema escolar y asegurarse de que los educadores estén capacitados”.
Si bien descartó las propuestas para restringir la propiedad de armas, el gobernador de Indiana, Eric Holcomb, dijo que la solución es «centrarse en los problemas individuales» y continuar brindando subvenciones a las escuelas para mejoras de seguridad.
“Se podría llamar a endurecerlos cuando los niños están en su salón de clases”, dijo Holcomb, un republicano.
Algunos demócratas también apoyan la financiación de policías especialmente capacitados conocidos como oficiales de recursos escolares o la mejora de la seguridad de los edificios. Pero ninguno de los gobernadores demócratas que respondieron a las preguntas de AP apoyó armar a los maestros o al personal para disuadir o detener los ataques.
El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, un demócrata que fue maestro, superintendente escolar y jefe de educación estatal, dijo que le preocupa que armar a los maestros haga que las escuelas sean más peligrosas. Colocar guardias de seguridad o policías adicionales en cada edificio escolar podría ser poco práctico y contraproducente, dijo.
“No hay suficientes personas para hacerlo”, dijo Evers, “y no estoy seguro de que queramos convertir nuestras instituciones de aprendizaje en campamentos armados”.
Los periodistas de Associated Press Scott Bauer en Madison, Wisconsin; Tom Davies en Indianápolis; Susan Haigh en Hartford, Connecticut; David Pitt en Des Moines, Iowa; Andrew Welsh-Huggins en Columbus, Ohio; y reporteros estatales de AP de todo Estados Unidos contribuyeron a este reporte.
