El reporte del Gobierno de EEUU indica que casi la mitad de los crímenes cometidos contra mujeres desde 2022 a la fecha en los 25 países con las tasas más altas ocurrieron en América Latina.
Un informe publicado este lunes por la Casa Blanca, reveló que desde 2020 a la fecha los feminicidios en América Latina aumentaron de modo considerable.
La evaluación, denominada ‘Informe del Congreso sobre la paz y la seguridad de las mujeres de EEUU, 2022’, señala que de un total de 25 países con las tasas de feminicidio más altas, casi el 50% se ubican en América Latina.
México carga con el triste récord de 736 mujeres asesinadas, “lo que representa un aumento del 5 % con respecto al mismo período de 2020”, señala la hoja informativa desplegada junto al informe de más de cincuenta páginas publicado por la Casa Blanca.
La muestra agrega que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) está asociada a organismos de la sociedad civil y autoridades mexicanas, a fin de “prevenir la violencia y mejorar los servicios para sobrevivientes”.
Los datos de USAID indican que tanto la red de mujeres como las organizaciones locales hicieron posible que al menos 372 investigaciones de violencia de género fueran emprendidas por las autoridades correspondientes, lo que ha llevado a que 6.504 sobrevivientes reciban apoyo legal, de salud y psicosocial.
Asimismo, USAID trabajó en la capacitación de mujeres en Guatemala, lo que resultó en el adiestramiento de 55 de ellas, interesadas en asumir roles de liderazgo quienes se se sensibilizaron sobre las oportunidades de participación en la comunidad.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EEUU resaltó que tras concluir el año fiscal 2021, las agencias estadounidenses habían ofrecido capacitación a 8.458 mujeres en conocimientos básicos y avanzados en programas para el cumplimiento de la ley.
Tras el fin de la guerra de 20 años en Afganistán, EEUU ofreció reasentamiento para más de 76.000 afganos vulnerables, “incluidas mujeres líderes, activistas de derechos humanos, trabajadores humanitarios, periodistas, y otras personas en riesgo”.
