Los Ángeles, EE.UU.- Un pandillero latino que aceptó su culpabilidad por un ataque con bombas molotov a viviendas de familias afroamericanas en Los Ángeles en 2014 fue sentenciado este martes a 16 años de prisión.
Carlos Hernández, alias «Rider», de 36 años, se declaró culpable en abril de 2019 de cinco delitos graves que incluyen utilizar un arma de fuego y explosivos para cometer un delito federal y conspirar para violar los derechos civiles de otras personas en un ataque de odio racial.
La sentencia se ejecutará al mismo tiempo que un período de 17 años que Hernández cumple desde junio 2014 por un caso no relacionado en el condado de Riverside, aunque el tiempo cumplido no se descuenta de la sentencia de este martes.
Según aceptó en su declaración, Hernández lideró a otros siete miembros de la pandilla Big Hazard en la planeamiento y ejecución del ataque contra familias afroamericanas residentes en los apartamentos de vivienda social del este de Los Ángeles.
En ese tiempo, el conjunto residencial Ramona Gardens estaba ocupado en un 95 % por latinos y un 3 % por afroamericanos, según destacó la acusación de la fiscalía presentada en 2016.
En la noche del 11 de mayo -celebración del Día de la Madre- Hernández reunió al grupo, le entregó máscaras y otros elementos para el ataque e indicó que rompieran las ventanas de los apartamentos para poder lanzar las bombas molotov encendidas dentro de las viviendas, con el fin de causar el mayor daño posible.
Los pandilleros atacaron cuatro viviendas con cócteles molotov, siguiendo instrucciones, según declaró Hernández, de la pandilla carcelaria La Mafia Mexicana, que controla la mayoría de las pandillas hispanas en el sur de California.
Los otros miembros del grupo acusados del ataque a los afroamericanos ya aceptaron su culpabilidad y cumplen sentencias de cárcel de hasta 12 años.
Considerando los más de seis años que Hernández ya lleva en prisión federal, el pandillero latino cumplirá en total un período cercano a los 22 años en la cárcel.
«Estos actos despreciables son simplemente inaceptables en nuestra sociedad. Estamos comprometidos para proteger los derechos civiles de todos y cualquiera que participe en este tipo de conducta encontrará que el gobierno federal reunirá todos sus recursos para asegurar que sea llevado ante la justicia», indicó Tracy Wilkison, fiscal encargada del Distrito Central de California.
