Nueva York. – La Unión de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda contra la «ilegal» regla del Título 42, normativa establecida por la Casa Blanca en marzo de 2020 que le permite a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) expulsar extranjeros que buscaban asilo en la frontera con la pandemia como excusa.
La ACLU de Massachusetts, que presentó la demanda junto con la firma Fish & Richardson, recuerda que la nueva administración demócrata del presidente, Joe Biden, no ha derogado todavía el Título 42 y que su lucha legal por esas familias continuará «hasta que y a menos que» el nuevo Gobierno ponga fin a esta «cruel práctica de una vez por todas».
Un panel de jueces de circuito en Washington permitió que el Título 42 continuara vigente, en una decisión emitida el pasado enero, dejando así sin efecto la orden de un tribunal inferior que la había bloqueado, en una demanda que había sido presentada también por la ACLU.
La acción del grupo de derechos civiles busca regresar al país a siete inmigrantes que buscaban asilo, incluidos cuatro niños, quienes fueron expulsados del país por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en octubre y noviembre del 2020 bajo el Título 42.
Una de las demandantes es una menor no acompañada y fue expulsada a su país de origen, Guatemala, en violación, consideran los demandantes, al debido proceso de ley que le daba el derecho a ser llevada ante un juez para presentar su caso.
La niña, que había dejado su país, según afirma, escapando a la persecución y la violencia, fue detenida por agentes, colocada en un avión y enviada a Guatemala, señala la ACLU en el comunicado.
Indica además que otros demandantes en este caso son dos familias de Centroamérica que fueron expulsadas y dejadas varadas en ciudades peligrosas de la frontera mexicana «a pesar de sus súplicas de ayuda» a los agentes fronterizos.
En marzo del año pasado, el entonces vicepresidente Mike Pence ordenó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) usar sus poderes de emergencia para sellar las fronteras, pese a la reticencia mostrada por la principal agencia sanitaria del país, según reportes de prensa.
El DHS aseguró en ese momento que los protocolos de emergencia eran necesarios para proteger a los estadounidenses -y los inmigrantes- al limitar el número de detenidos en las celdas y cárceles de inmigración de la Patrulla Fronteriza, en donde la infección se propagaba fácilmente.
La ACLU destacó que entre 1 de abril y el 31 de octubre del 2020 la Patrulla Fronteriza expulsó cerca de 308.000 personas bajo el Título 42, a pesar del hecho de que esa normativa autorizaba cuarentenas, no expulsiones.
También recuerda que expertos en salud pública han criticado el Título 42 señalando que ha elegido a quienes buscaban asilo sin ninguna razón de salud pública.
En la demanda se alega que el Título 42 aprovechó la crisis de salud para avanzar la agenda del presidente Trump para destruir el sistema de asilo de país, parte de una amplia agenda antiinmigrante nutrida por, en su opinión, su animosidad racial contra los centroamericanos y la gente de color.
«A través de su presidencia, Trump desmanteló las protecciones legales para la gente que busca seguridad en nuestro país y bajo el pretexto causó mucho sufrimiento a los que buscaban asilo», indicó en el comunicado Carol Rose, directora ejecutiva de ACLU en Massachusetts.
