Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas y candidato en las elecciones presidenciales de 2020 por el Partido de la Liberación Dominicana, en una fotografía de archivo. (Foto: EFE/Orlando Barría)

Santo Domingo, República Dominicana.– La Justicia dominicana decidió este martes llevar a cabo el próximo domingo la audiencia sobre la petición de prisión preventiva formulada por el Ministerio Público contra tres exministros del Gobierno de Danilo Medina y los demás detenidos en el marco de la operación Calamar contra la corrupción.

La jueza Kenya Romero decidió aplazar de hoy hasta el domingo esta audiencia, después de que las defensas de varios acusados alegaran no tener conocimiento pleno del expediente.

Entre los arrestados están los exministros Gonzalo Castillo (Obras Públicas y candidato en las elecciones presidenciales de 2020 por el Partido de la Liberación Dominicana), José Ramón Peralta (Administrativo de Presidencia) y Donald Guerrero (Hacienda).

También figura el ex contralor general de la República Daniel Omar Caamaño, además de quien fuera director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirillo, el antiguo director de Catastro Nacional Claudio Silver Peña y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

Según indicaron hoy representantes del Ministerio Público, las pruebas contra los imputados son «sobreabundantes».

Una veintena de personas fueron arrestadas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en Santo Domingo y otras zonas del país en una operación contra la corrupción administrativa.

En la noche local del lunes, el Ministerio Público solicitó para los detenidos prisión preventiva de dieciocho meses.

Los cargos preliminares de la Fiscalía son asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente y lavado de activos, entre otros.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República, el supuesto entramado de corrupción distrajo a los contribuyentes más de 19.000 millones de pesos (unos 345,5 millones de dólares).

La trama afectaría a un abanico de instituciones, como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, el CEA, la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional y la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado, entre otras.

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