Washington, EE.UU.- Un juez federal designado por el expresidente Donald Trump dio comienzo este miércoles en Texas al juicio que decidirá la suerte de miles de indocumentados que no son prioridad de arrestos y deportaciones de las políticas migratorias del demócrata Joe Biden, que han sido retadas por republicanos en varias cortes, y que incluso han llegado al Supremo de EE.UU.
En Corpus Christi (Texas), el juez federal Drew Tipton presidió hoy la primera audiencia de una querella presentada por los estados de Texas y Luisina sobre las prioridades de arrestos y repatriaciones.
El juez ha sido una piedra en el zapato de Biden desde el comienzo de su mandato en enero de 2021.
A poco de llegar a la Casa Blanca, el demócrata dispuso una moratoria de 100 días en las deportaciones y de inmediato Tipton la bloqueó y ordenó además la reanudación de la polémica política de «Quédate en México», que envía a ese país a los solicitantes de asilo mientras da curso el trámite.
En febrero de 2021 el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) instruyó a sus agentes para que enfocaran las detenciones, y eventualmente deportaciones, en los inmigrantes considerados un peligro para la seguridad nacional y el orden público.
Esto significó un cambio sustancial para los inmigrantes quienes, durante el gobierno de Trump, podían ser detenidos por infracciones o delitos menores, y podían ser deportados aún cuando llevaran varios años de vida en Estados Unidos.
Si embargo en abril de 2021 los fiscales generales de Texas y Louisiana, ambos republicanos, iniciaron la querella alegando que decenas de criminales conflictos habían sido liberados en sus estados como resultado de las nuevas instrucciones de ICE.
En agosto pasado, Tipton bloqueo en un fallo preliminar la orden ejecutiva de Biden para limitar los arrestos y deportaciones de indocumentados.
No obstante, el activista Aaron Reichlin-Melnick, del Consejo de Inmigración Estadounidense, señaló que no se espera un fallo pronto del juez Tipton esta semana.
SUPREMO VENTILA LA MANO SUAVE DE BIDEN
Entre tanto, el Tribunal Supremo de Justicia en Washington ventila este miércoles la presentación de argumentos orales en el caso de tema de la «carga pública».
El caso ante el Supremo se refiere a la demanda de Arizona y otros 12 estados -todos ellos con fiscales generales republicanos- que quieren mantener una definición ampliada del concepto de «carga pública» impulsada por el gobierno de Trump.
En 2019 ese gobierno restringió el acceso a la residencia legal permanente («tarjeta verde») para inmigrantes que, a criterio de las autoridades, pudiesen recurrir a servicios sociales como cupones de alimentos o subsidios para la vivienda.
A ello siguieron varias querellas judiciales y tres tribunales de apelación federales fallaron a favor de quienes cuestionaban esa interpretación de la «carga pública» y el caso llegó ante el Tribunal Supremo.
Tras su inauguración en enero de 2021, el gobierno de Biden renunció a la defensa de la regla sobre «carga pública», y ahora son los gobiernos estatales republicanos los que continúan la demanda.
«Biden abandonó la regla de carga pública sobresaliente de Trump, asegurando que los extranjeros que ingresan a EE.UU. no agoten los recursos públicos», expresó este miércoles el fiscal General de Texas, Ken Paxton.
«Las inundaciones de inmigrantes ilegales deben detenerse», agregó en su cuenta de Twiter.
OTRAS NORMAS EN EL LIMBO
Biden prometió una política de inmigración «justa y humana», pero sus esfuerzos han sido casi vanos debido al escaso respaldo que tiene en el Congreso para una reforma integral y a las querellas judiciales.
Un año más tarde, el gobierno de Biden es blanco de críticas de quienes abogan por los migrantes y repudian la continuación de medidas de la era de Trump, y de quienes pelean desde los estados por el mantenimiento de las medidas de la era del republicano.
La nueva regla de la «carga pública» será publicada en breve en el Registro Federal, y a partir de ese momento tendrá un periodo de comentarios públicos de 60 días.
En cumplimiento de órdenes de tribunales, el gobierno de Biden además reanudó en diciembre pasado la política de «Quédate en México».
Y, por decisión propia, el gobierno de Biden sigue usando para rechazar a los migrantes en la frontera, la norma sanitaria conocida como Título 42, que excluye de ingreso a Estados Unidos a los extranjeros que puedan representar un peligro para la salud pública.
El uso de esa norma comenzó en marzo de 2020, durante la presidencia de Trump, cuando se propagó la pandemia de la Covid-19.
La presentación de argumentos orales en el Supremo además ocurre menos de una semana después que los magistrados de ese tribunal aceptaron ocuparse de la política de «Quédate en México», iniciada en diciembre de 2019 por Trump.
La semana pasada el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció una nueva regla de carga pública que ofrecerá «un trato justo y humano» a los no ciudadanos que soliciten admisión a Estados Unidos o que soliciten la residencia dentro del país.
