Nueva York, EE.UU.- El juez que preside el caso por narcotráfico contra el exministro de Seguridad mexicano, Genaro García Luna, ha ordenado que los miembros del jurado que participen en el proceso -previsto para octubre- permanezcan en el anonimato, aislados del público general y que sean escoltados por alguaciles por razones de seguridad.
En un escrito judicial publicado este martes y firmado por el magistrado Brian Cogan, el juez le da la razón a la Fiscalía, que había solicitado el anonimato y el secuestro parcial del jurado.
Cogan considera que «hay una fuerte razón para creer que el jurado necesita protección» dada «la peligrosidad del acusado demostrada por la gravedad de los crímenes que se le imputan».
Esto supone un fuerte revés para la defensa de García Luna, que había alegado que dicha medida erosionaría su presunción de inocencia así como la habilidad de llevar a cabo una selección del jurado de manera significativa.
La decisión del juez implica que no serán revelados los nombres de los miembros del jurado ni la dirección de sus viviendas ni lugar de trabajo a ninguna de la partes.
Además, serán trasladados al juzgado y a sus residencias por alguaciles y durante su estancia en los tribunales estarán aislados del público general.
La Fiscalía solicitó estas medidas el pasado diciembre por considerar que «el acusado tiene los recursos financieros para intimidar o incluso hacer daño al jurado».
El fiscal de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, Breon Peace, aseguró entonces que «al Gobierno (de EEUU) le preocupa que el acusado y sus conspiradores puedan emprender una campaña de acoso, intimidación y/o violencia contra los testigos y sus familias».
La orden del juez se produce apenas quince días de después de que la Fiscalía denunciara que el exsecretario mexicano había intentado silenciar a periodistas mediante acoso y sobornos, además de manipular a los testigos.
Según la Fiscalía, tras su arresto por el caso que se le procesa en Estados Unidos, García Luna mantuvo conversaciones telefónicas «en las que el acusado habló sobre amenazas de violencia y manipulación de testigos en su contra, y se refirió a al menos un testigo por su nombre».
La defensa había argumentado que ninguno de los cargos contra García Luna son por violencia y que el exministro no tiene un bagaje violento.
El juez reconoce que García Luna «no hizo un uso personal de la violencia durante su participación» en los delitos por los que se le acusa, pero también que durante el tiempo que ocupó altos cargos de seguridad supuestamente ayudó al cartel de Sinaloa, cuya violencia sí podría hacer que los miembros del jurado teman por su seguridad si no se les garantiza el anonimato, argumenta.
García Luna dirigió entre 2001 y 2005 la extinta Agencia Federal de Investigación de México, encargada de luchar contra la corrupción y el crimen organizado, y entre 2006 y 2012 fue Secretario de Seguridad Pública, durante el gobierno de Felipe Calderón.
