Chiquita Brands, una empresa multinacional dedicada a la distribución de plátanos, debe pagar 38,3 millones de dólares a 16 familiares de las personas asesinadas durante la prolongada guerra civil de Colombia a manos de un violento grupo paramilitar financiado por la compañía, determinó un jurado federal de Florida.
El veredicto emitido el lunes por un jurado de West Palm Beach representa la primera ocasión en que una compañía es declarada responsable en una de las múltiples demandas similares pendientes en otros tribunales estadounidenses, según los abogados de los demandantes. También es una inusual sentencia contra una empresa privada estadounidense por abusos contra los derechos humanos en otros países.
“Este veredicto envía un poderoso mensaje a las empresas de todo el mundo: no quedarán impunes quienes se beneficien de violaciones de los derechos humanos. Estas familias, víctimas de grupos armados y empresas, hicieron valer su poder y prevalecieron en el proceso judicial”, declaró en un comunicado de prensa Marco Simons, asesor jurídico de EarthRights International y abogado de uno de los demandantes.
“La situación en Colombia fue trágica para muchas personas”, señaló Chiquita, con sede en Florida, en un comunicado emitido tras el veredicto. “Sin embargo, eso no cambia nuestra creencia de que no existe una base jurídica para estas afirmaciones”.
De acuerdo con documentos judiciales, Chiquita pagó a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) unos 1,7 millones de dólares de 1997 a 2004. Al grupo paramilitar se le atribuyen los asesinatos de miles de personas durante esos años.
Chiquita insistió en que su subsidiaria colombiana, Banadex, hizo los pagos únicamente por temor de que las AUC perjudicaran a sus empleados y operaciones, según los expedientes judiciales.
El presidente colombiano Gustavo Petro reaccionó al veredicto en las redes sociales y cuestionó por qué el sistema de justicia de Estados Unidos pudo “determinar” que Chiquita financió grupos paramilitares, mientras que los jueces del país sudamericano no han emitido un fallo contra la compañía.
“Si el acuerdo de paz del 2016, que ya sabemos es una declaración unilateral de estado que nos compromete ante el mundo, habla de un solo tribunal de cierre de la verdad judicial, ¿por qué no lo tenemos?”, publicó Petro en X, en referencia al año en que terminó el conflicto civil.
El veredicto se produjo tras un juicio de seis semanas de duración y dos días de deliberaciones. El caso de EarthRight fue presentado originalmente en julio de 2007 y se combinó con otras demandas.
“Nuestros clientes arriesgaron sus vidas para exigir cuentas a Chiquita, poniendo su fe en el sistema de justicia de Estados Unidos. Estoy muy agradecida al jurado por el tiempo y el cuidado que puso al evaluar las pruebas”, dijo Agnieszka Fryszman, otra abogada del caso. “El veredicto no recupera a los maridos e hijos que fueron asesinados, pero deja las cosas claras y sitúa la responsabilidad por la financiación del terrorismo donde corresponde: a las puertas de Chiquita”.
En 2007, Chiquita se declaró culpable de un cargo penal estadounidense de participar en transacciones con una organización terrorista extranjera —el Departamento de Estado designó así a las AUC en 2001— y acordó pagar una multa de 25 millones de dólares. También se le requirió a la compañía implementar un programa de cumplimiento y ética, de acuerdo con el Departamento de Justicia.
