Washington, (EFE News). – Texas y otros estados que buscan eliminar la protección a los inmigrantes indocumentados llegados en la infancia no tienen derecho a objetar ese programa porque «el impacto financiero de DACA es cero», sostuvo este jueves Nina Perales, del Fondo Mexicano Estadounidense de Defensa Legal (MALDEF).
«El fiscal general de Texas y los fiscales generales de los otros estados no han sido capaces de identificar un solo dólar gastado por el estado en un solo beneficiario de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia)», dijo Perales, vicepresidenta para litigios de MALDEF, organización que representa a beneficiarios del programa.
Añadió que «todas las evidencias apuntan en sentido contrario: los beneficiarios de DACA contribuyen a los estados».
De acuerdo con Perales, un juez federal en Texas podría escuchar el 22 de diciembre los argumentos en torno a una demanda de ese estado que busca que se declare ilegal todo el programa, que protege a los beneficiarios contra la deportación y les otorga permiso de trabajo.
El caso lo inició en mayo de 2018 el fiscal general de Texas, Ken Paxton, y aunque desde entonces varios estados más se sumaron a la querella, actualmente solo siguen participando Alabama, Arkansas, Luisana, Nebraska, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Kansas y Misisipi.
«Texas demandó al Gobierno federal y, lamentablemente, la Administración del presidente Donald Trump eligió no defender el programa. La defensa del programa está ahora en manos de beneficiarios de DACA», dijo Perales.
El argumento central de los defensores de DACA es que ni Texas ni los otros estados han demostrado que el programa les ha causado perjuicio alguno y, por tanto, no tienen derecho a quejarse.
Los defensores de DACA han pedido al juez federal Andrew Hanen, del Distrito Federal del sur de Texas, que postergue hasta enero la audiencia para escuchar argumentos, pero Perales también describió cuáles podrían ser las decisiones del juez y sus consecuencias.
«Una posibilidad es que el juez esté de acuerdo con nosotros en que el estado no ha demostrado que tenga derecho legal como demandante, y entonces deseche la demanda», dijo.
Otra posibilidad, añadió, «es que el juez decida que la legalidad de DACA requiere un juicio y ordene que se lleve a cabo».
«También el juez puede decidir que DACA es legal, o que decida que es ilegal», puntualizó.
