Ciudad de México— Tres miembros del ejército fueron detenidos por su presunto vínculo con la desaparición de 43 estudiantes ocurrida en 2014 en el sur de México, informó el jueves el gobierno.
El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, dijo durante la conferencia presidencial matutina que entre los arrestados está quien fuera el comandante del 27 Batallón de Infantería de la localidad sureña de Iguala cuando ocurrieron las desapariciones y que se espera que se concrete una cuarta orden de captura de otro integrante de esa fuerza. No mencionó los nombres de los uniformados.
El responsable del Batallón de Infantería de Iguala en ese entonces era el actual general José Rodríguez Pérez, quien fue mencionado el mes pasado por el subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, como el presunto responsable de la desaparición de seis de los 43 estudiantes ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre del 2014.
De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, los seis normalistas fueron retenidos en un lugar denominado la “bodega vieja” y el 30 de septiembre de 2014 una persona identificada como “el coronel” comentó que “ellos se encargarían de limpiar todo y que ellos ya se habían encargado de los seis estudiantes”.
El presidente de la Comisión de la Verdad indicó que se obtuvo esa información a través de llamadas al teléfono de emergencia que acreditan que los seis jóvenes estuvieron al menos cuatro días más con vida tras la detención masiva del resto de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.
El anuncio sobre la detención de los uniformados se da en medio de la polémica generada luego de que el Congreso, de mayoría oficialista, aprobó la semana pasada el pase de la Guardia Nacional, que estaba bajo mando civil, al Ejército y los congresistas discuten una reforma constitucional para extender hasta 2028 la permanencia de los militares en las calles, acciones consideradas un avance de la militarización en México.
Las iniciativas legislativas han sido respaldadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador quien durante su sexenio ha entregado a los militares una cantidad cada vez mayor de tareas, que incluyen la construcción de obras emblemáticas -como el nuevo aeropuerto de la capital mexicana y un tren en el sur del país- y el manejo de las aduanas y algunos aeropuertos.
Mejía rechazó la liberación de quien fuera el alcalde de Iguala cuando ocurrieron las desapariciones, José Luis Abarca, y de otras 19 personas implicadas en el caso que fueron absueltas por falta de pruebas por decisión de un juez federal.
“Esto se va a impugnar”, dijo el subsecretario y agregó que las autoridades presentarán una queja contra el juez que dictó la medida. “No va a haber impunidad”, sostuvo.
Según la notificación judicial a la que tuvo acceso The Associated Press, un total de 20 personas, entre ellas Abarca y el jefe de la policía de Iguala para ese momento, Felipe Flores, fueron absueltas del delito de “secuestro agravado… al no haberse acreditado los elementos de los delitos enunciados”.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Análisis e Investigación Fundar y la organización civil Servicios y Asesorías para la paz (SERAPAZ), señalaron en un comunicado que hasta el momento los padres de los estudiantes desaparecidos no han sido informados sobre el caso de Rodríguez Pérez ni los cargos que enfrenta.
Las organizaciones indicaron que si el proceso avanza con “prueba sólida” puede ser muy relevante para que rindan cuentas quienes por acción u omisión tienen responsabilidad en los hechos, a la vez que precisaron que es “abundante” la prueba sobre la colusión de elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala con la delincuencia organizada.
En relación con la absolución de Abarca, las organizaciones exhortaron a la Fiscalía a interponer la apelación. Asimismo, recordaron que la sentencia se deriva de una “mala actuación” de la Procuraduría General de ese entonces y de una acusación que se presentó en 2014 que tenía “numerosas irregularidades, incluyendo la práctica extensiva de la tortura” lo que llevó a la exclusión de múltiples pruebas.
En su último informe la Comisión de la Verdad calificó el caso de Ayotzinapa de “crimen de Estado” tras reconocer la responsabilidad de los tres niveles de gobierno.
Poco después de la difusión del informe la Fiscalía General anunció que había emitido 83 órdenes de captura, 20 de ellas a militares y el resto a policías, funcionarios estatales o delincuentes, por distintos delitos vinculados con el caso que van desde delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.
Tras el anuncio fue apresado el exprocurador general Jesús Murillo Karam.
Numerosas investigaciones gubernamentales e independientes no han logrado llegar a una versión concluyente sobre lo que le sucedió a los 43 estudiantes, pero se presume que la policía local los sacó de varios autobuses en Iguala la noche del 26 de septiembre y los entregó a una banda de narcotraficantes. El motivo sigue sin estar claro. Nunca se han encontrado sus cuerpos, aunque se han localizado fragmentos de huesos quemados de tres de los estudiantes.
El papel del ejército en la desaparición de los estudiantes ha sido durante mucho tiempo una fuente de tensión entre las familias y el gobierno. Desde un principio hubo dudas sobre el conocimiento de los militares de lo sucedido y su posible participación. Los padres de los estudiantes exigieron durante años que se les permitiera registrar la base militar en Iguala. Recién en 2019 se les dio acceso junto con Encinas y la Comisión de la Verdad.
El caso Ayotzinapa se ha convertido en todo un símbolo en un país con más de 100.000 desaparecidos y donde todavía imperan altísimos niveles de impunidad, corrupción y violencia.
