Nueva York, EE.UU.– La jueza federal Esther Salas, cuyo hijo fue asesinado y su esposo herido en un atentado que era contra ella, reveló que el autor tenía también puesta su mirada en la jueza de la Corte Suprema del país Sonia Sotomayor, de acuerdo con la investigación del caso realizada por el FBI.
Salas indicó durante una entrevista al programa «60 Minutos», de la cadena CBS, que será transmitida este domingo, que cuando supo lo que los agentes del FBI habían encontrado en un casillero usado por el abogado Roy Den Hollander, autor del atentado que se cobró la vida de su único hijo, supo que no era la única bajo amenaza.
Tras el atentado en la casa de la jueza, el FBI encontró en un casillero de Den Hollander otra arma y municiones.
Pero, aseguró, que lo más preocupante fue un sobre manila que había en ese casillero con una investigación que el sospechoso había realizado sobre la jueza Sotomayor.
Asegura que fue «escalofriante» saber que tenía en su mirada a un miembro del más alto tribunal del país.
«¿Quién sabe lo que pudo haber ocurrido. Pero, tenemos que entender que los jueces están en riesgo, que nos ponemos en gran riesgo cada día por hacer nuestro trabajo», dijo a Bill Whitaker, en la entrevista con CBS, que el domingo transmitirá un informe sobre el aumento dramático en amenazas contra los jueces federales.
En julio del año pasado Den Hollander, que llevaba un caso ante la jueza Salas, se presentó en la residencia de la jueza en Nueva Jersey haciéndose pasar por un repartido de Fedex y mató a tiros a su único hijo, de 20 años, e hirió a su esposo, el también abogado Mark Anderl.
La jueza estaba en el sótano de la residencia en ese momento y no resultó herida. Ese día el matrimonio celebraba el vigésimo cumpleaños de su hijo.
Den Hollander, un abogado de Manhattan, de 69 años fue hallado muerto de un tiro, que supuestamente se propinó él mismo, un día después de que irrumpiera en casa de Salas.
Desde ese momento Salas comenzó una cruzada nacional para que la información sobre dónde viven los jueces sea sacada de internet, lo que logró al menos en Nueva Jersey con una ley que lleva el nombre de su hijo.
En noviembre del año pasado, cinco meses después de esa tragedia, el gobernador de Nueva Jersey, Phill Murphy, convirtió en ley el proyecto que convirtió en delito publicar información personal de los jueces, fiscales y agentes del orden, incluidos sus números de teléfono y domicilios particulares.
Las amenazas contra los jueces federales han aumentado un 400 % durante los últimos cinco años y eso incluye correspondencia con mensajes de odio, llamadas de acoso, protestas frente a sus hogares y tentativa de asesinato, según CBS.
Los alguaciles federales que protegen a los jueces (U.S Marshalls) reclaman un aumento de mil efectivos en el número de oficiales asignados a esa tarea, lo que tendría un coste de 250 millones de dólares, propuesta que apoya Salas.
