La Cámara Baja estadounidense, controlada por los republicanos, estrechó este jueves el cerco en torno a los derivados del fentanilo con la aprobación de un proyecto de ley que los incluye de forma permanente en la categoría federal más estricta de drogas.
La normativa salió adelante por 289 votos a favor y 133 en contra y debe proseguir ahora su tramitación en el Senado. Aunque los demócratas tienen el control de ese segundo hemiciclo, los conservadores confían en lograr el apoyo bipartidista suficiente para que llegue a ser promulgada.
El proyecto de ley está impulsado por los legisladores conservadores Morgan Griffith y Bob Latta y también impulsaría la investigación para que se puedan entender mejor los efectos de esa droga sobre la salud de la gente, al facilitar los trámites necesarios.
El fentanilo, según recordaron esta semana los republicanos, es la principal causa de muerte en Estados Unidos entre los adultos de 18 a 49 años. «Hay que hacer algo de inmediato», dijo este jueves Latta antes del voto.
En 2022, más de 109.000 personas murieron por sobredosis en el país y unas 75.000 lo hicieron por culpa de opioides sintéticos, principalmente fentanilo o sus derivados.
«Cada día en Estados Unidos mueren por sobredosis unos 300 jóvenes. Imaginen que cada día se cayera del cielo un avión con 300 pasajeros. No llegaríamos a finales de semana antes de pararlo todo para averiguar qué pasa», subrayó el martes en conferencia de prensa el «número dos» de los conservadores en la Cámara Baja, Steve Scalise.
Los republicanos culpan de la situación al presidente Joe Biden y a lo que ellos califican de política de «puertas abiertas» en la frontera con México.
Más de un centenar de organizaciones humanitarias y sanitarias sin ánimo de lucro alertaron no obstante esta semana de que el proyecto de ley aprobado ahora tiene un enfoque erróneo.
«Puede promover injustamente la criminalización de sustancias inofensivas. Es otra iteración de las estrategias ineficaces y punitivas de la guerra contra las drogas», dijeron el martes a los líderes del Congreso grupos como Human Rights Watch o Equal Justice USA.
