Muchos en Estados Unidos alertan de las consecuencias que podría tener el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump; sin embargo, algunos expertos recuerdan que existen mecanismos para proteger el orden establecido y destacan cómo el sistema se mantuvo firme en 2020.
Durante los últimos tres años, la democracia más antigua del mundo ha sido puesta a prueba de maneras no vistas en décadas.
Un presidente en funciones intentó anular unos comicios y sus partidarios asaltaron el Capitolio para impedir que el ganador asumiera el poder. Quienes apoyaron ese ataque lanzaron una campaña contra las oficinas electorales locales, expulsando a administradores veteranos e incitando a los estados conservadores a que aprobaran nuevas leyes que dificultaran votar.
Al mismo tiempo, los últimos tres años demostraron que la democracia estadounidense es resistente.
Los intentos del expresidente Donald Trump de revocar los resultados de las elecciones de 2020 fracasaron, bloqueados por los controles y contrapesos del sistema constitucional, y ahora el exmandatario enfrenta cargos a nivel federal y estatal por esas iniciativas.
Luego, los votantes intervinieron. En cada estado crucial para las elecciones presidenciales, rechazaron a todos los candidatos que respaldaron las mentiras de Trump de que los comicios habían sido robados y que se postularon a cargos a nivel estatal desde los que se ejercía cierto nivel de supervisión sobre las elecciones.
La infraestructura electoral del país funcionó bien, con sólo algunos trastornos durante los comicios intermedios de 2022. Las nuevas leyes electorales, muchas de las cuales son técnicas y de implementación gradual, tuvieron poco impacto perceptible sobre la votación real.
Los votantes han dado un paso al frente para defender nuestra democracia en los últimos años”
Joanna Lydgate, directora general de States United
“Los votantes han dado un paso al frente para defender nuestra democracia en los últimos años”, dijo Joanna Lydgate, directora general de States United, una organización apartidista dedicada a proteger los comicios y que da seguimiento a quienes se niegan a creer en la legitimidad de las elecciones presidenciales de 2020. “Los funcionarios estatales y locales han hecho un trabajo extraordinario para proteger nuestras elecciones libres e imparciales”.
Entonces, ¿por qué toda la preocupación? Como señalan rápidamente Lydgate y cualquiera que trabaje en el campo prodemocracia, la gran prueba —considera— ocurrirá en 2024.
Trump se postula nuevamente para la Casa Blanca y ha predominado en las primarias republicanas a medida que se acercan las primeras votaciones. Ha pedido que se indulte a quienes fueron enjuiciados por el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, aún insiste falsamente en que las elecciones de 2020 fueron “robadas”, y dice que utilizará al gobierno federal para vengarse de sus enemigos políticos.
Trump ha utilizado una retórica cada vez más autoritaria en su campaña para obtener la nominación del Partido Republicano. Si gana, sus aliados han planeado llenar el gobierno con personas leales para que la burocracia no obstaculice los planes más controvertidos de Trump de la forma en que lo hizo durante su primer mandato.
Se ha llegado a tal punto que recientemente el comentarista conservador Hugh Hewitt le preguntó a Trump si planeaba ser un dictador: “Para nada”, respondió el exmandatario. “No, yo voy a gobernar como alguien que es muy popular entre el pueblo”.
Las elecciones de 2024 podrían provocar todo tipo de conflictos, incluidos escenarios que notablemente no se han materializado a pesar de la preocupación generalizada al respecto desde 2020: violencia en las urnas, observadores electorales partidistas demasiado agresivos o fallas en el recuento de votos.
No obstante, parece poco probable que Trump pudiese regresar a la Casa Blanca si pierde las elecciones. Eso es lo que no logró en 2020, y ahora está en una posición más débil.
Su estrategia en ese entonces fue utilizar el dominio republicano en las legislaturas, gobernaciones y secretarías de Estado de los estados políticamente oscilantes para tratar de enviar listas de electores falsos al Congreso, a pesar de que el demócrata Joe Biden ganó esos estados y obtuvo la presidencia.
Desde entonces, los republicanos han perdido dos de esos cargos de secretario de Estado en estados reñidos —Arizona y Nevada—, así como la gobernación de Arizona y el control de las legislaturas estatales en Michigan y Pensilvania. En el Congreso, los legisladores aprobaron un proyecto de ley bipartidista que cierra algunas de las lagunas jurídicas en el recuento de votos del Colegio Electoral que Trump intentó aprovechar para permanecer en el cargo, lo que dificulta la impugnación de las certificaciones estatales en la Cámara de Representantes.
El resultado es que será mucho más difícil que Trump intente revertir una derrota en 2024 que en 2020. La forma más probable de que regrese a la Casa Blanca es si gana las elecciones directamente.
“Esto no significa que los riesgos hayan desaparecido”, dijo Rick Hasen, profesor de derecho de la Universidad de California, campus de Los Ángeles. “Significa que hemos librado con éxito la última guerra”.
Lecciones de la historia
La historia está llena de ejemplos de gobernantes autoritarios que primero llegaron al poder tras ganar unas elecciones democráticas legítimas. Pero el riesgo para la democracia de alguien que gana legítimamente unos comicios es diferente al riesgo de que un candidato intente revertir una derrota electoral.
Cuando Trump comenzó a afirmar falsamente que había ganado las elecciones de 2020 e instó a los republicanos a anular la voluntad de los votantes de sus estados y enviar a sus electores al Congreso, todos los funcionarios republicanos con el poder para actuar eso se negaron.
Los líderes republicanos del poder legislativo de Michigan rechazaron su solicitud de anular a los votantes. En Georgia, donde las papeletas presidenciales fueron contadas tres veces y confirmaron la victoria de Biden, el gobernador Brian Kemp y Brad Raffensperger, el secretario de Estado, se granjearon la furia de Trump al rechazarlo. Lo mismo hicieron Doug Ducey, el entonces gobernador de Arizona, y los líderes republicanos de la legislatura de ese estado.
Algunos republicanos sí intentaron ayudar a Trump. Ken Paxton, fiscal general de Texas, encabezó a un grupo de 17 fiscales generales republicanos que presentaron una demanda en la que instaban a la Corte Suprema de Estados Unidos a anular los comicios. El máximo tribunal desestimó rápidamente el caso. Trump perdió todas salvo una de las más de 60 demandas que él y sus aliados presentaron en diferentes estados para anular las elecciones, a veces ante jueces que él había designado.
Luego, en noviembre de 2022, todos los candidatos de los estados políticamente oscilantes que respaldaron los intentos de Trump para revertir su derrota —y que se postulaban para un cargo estatal en el que se ejercía cierto papel relacionado con las elecciones— perdieron.
“No hay duda de que nuestra democracia se ha visto abollada en un par de momentos últimamente, pero hemos decidido que nos gusta en comparación con la alternativa”, dijo Justin Levitt, quien se desempeñó como asesor para la democracia y los derechos electorales durante dos años en la Casa Blanca de Biden y ahora es profesor de derecho en la Universidad Loyola Marymount, en Los Ángeles.
Nuestra democracia se ha visto abollada en un par de momentos últimamente, pero hemos decidido que nos gusta en comparación con la alternativa”
Justin Levitt, profesor de derecho en la Universidad Loyola Marymount
Los negacionistas de las elecciones han podido lograr avances en un área: cargos en los que simplemente tienen que ganar unas primarias republicanas. Eso ha significado que han asumido el poder en gobiernos locales de muchas zonas rurales, a menudo perturbando comicios y apegándose a teorías de conspiración o procedimientos como el recuento manual, que es menos confiable y requiere más tiempo que tabular miles de votos en máquinas.
Además, han podido ampliar su poder dentro de los cuerpos legislativos republicanos, desde las cámaras estatales hasta el Congreso. El representante federal Mike Johnson, quien ayudó a organizar un informe en apoyo de la demanda rápidamente desestimada para anular la victoria de Biden, es ahora el presidente de la Cámara de Representantes.
Si Johnson conserva su cargo de presidente de la cámara baja en enero de 2025, podría estar en condiciones de causar una alteración en la certificación de una victoria de Biden. Los republicanos más dispuestos a socavar la democracia también podrían tener mayor influencia en las legislaturas estatales.
Y además está la opinión de quienes respaldan a Trump. Ellos aseguran estar incluso más preocupados por la democracia que quienes se oponen a él. Normalmente, los miembros del partido que está fuera del poder sienten que la democracia no funciona tan bien para ellos, pero la situación de Trump es diferente. Es el primer presidente en la historia de Estados Unidos que enfrenta un proceso judicial y promueve la narrativa de que está siendo perseguido por su probable oponente en las elecciones generales.
Trump dice que los casos penales y los intentos separados de excluirlo de las elecciones bajo la cláusula de insurrección de la Constitución son una forma de interferencia electoral.
La Corte Suprema de Colorado encontró que su papel en el ataque del 6 de enero era motivo suficiente para retirarlo de la boleta electoral del estado bajo la 14ta Enmienda, un fallo que la campaña de Trump dijo que apelará pronto ante la Corte Suprema federal, donde tres de sus nominados ayudan a conformar la mayoría conservadora.
El jueves, la secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, expulsó a Trump de la boleta de las primarias de ese estado, con lo que se convirtió en el primer funcionario electoral en tomar tal medida. Bellows, de extracción demócrata, puso en pausa su fallo hasta que el sistema judicial de Maine se pronuncie sobre el caso.
Durante su campaña, Trump ha adoptado un enfoque de “lo que me digas o hagas rebota en mí y se te pega a ti”, y acusó a Biden de ser la verdadera amenaza para la democracia.
Un argumento más revelador proviene de una disputa que uno de los exabogados del expresidente presentó ante la Corte Suprema de Colorado. Scott Gessler, exsecretario de Estado de Colorado, argumentaba en contra de los intentos de un grupo liberal de expulsar a Trump de la boleta electoral.
“Si toda la nación elige a alguien para ser presidente, ¿puede ser eso una insurrección o es eso una selección democrática?”, preguntó Gessler.
Gessler se refería al caso hipotético de que un exconfederado ganara la Casa Blanca en el siglo XIX, pero es fácil ver cómo esto es aplicable a los comicios que el país tiene ante sí.
O, como dijo Levitt sobre la democracia estadounidense: “Depende de nosotros cuán resistente la hagamos”.
