Washington, (EFE).- Los miembros del Caucus Hispano en el Congreso pidieron este jueves que la Contraloría General (GAO) investigue la conexión entre los contagios de COVID-19 en las plantas que procesan productos cárnicos y las normas de sanidad laboral aplicadas por el gobierno del presidente Donald Trump.
«Pedimos que GAO examine las políticas y prácticas del gobierno en lo que hace a la sanidad y seguridad de la industria empacadora de carnes», señalaron los 21 miembros del grupo legislativo encabezado por el representante Joaquín Castro, demócrata de Texas.
«El decreto del presidente Trump que ordenó que las plantas sigan abiertas ha contribuido a brotes masivos de COVID-19 en estados y comunidades de todo el país donde están ubicadas esas plantas», añadió la carta.
La GAO es la agencia legislativa, no partidista, que provee servicios de auditoría, evaluación e investigaciones para el Congreso de Estados Unidos.
«Nos alarma que, aún con las irregularidades significativas con que se informa de los datos, las tendencias en todas partes muestran que no ha habido una contención en el número de casos nuevos de COVID-19 en este sector desde que comenzó la pandemia», afirmó la carta de los legisladores.
Más del 44 % de los trabajadores en la industria de productos cárnicos son hispanos y el 25 % son afroamericanos, y casi el 17 % de toda la mano de obra en este sector la aportan inmigrantes, de acuerdo con el Centro para Investigación de Política y Economía (CEPR).
El 45 % de estos trabajadores vive en hogares de ingresos bajos y sólo el 15 % de ellos tiene alguna forma de seguro para la atención médica.
Los legisladores señalaron que «en medio de la pandemia, el Servicio de Seguridad e Inspección de Alimentos, que depende del Departamento de Agricultura, aprobó irresponsablemente las solicitudes de 15 grandes plantas de productos avícolas para incrementar la velocidad de producción en sus instalaciones».
La información disponible al público «reveló que las 15 plantas que recibieron permiso, eran ya sitios de brotes recientes de COVID-19 y cada una de ellas tenía antecedentes de violaciones de las normas de seguridad y sanidad».
