San Juan, (EFE).- La oposición en Puerto Rico reaccionó este jueves a la notificación enviada por el Departamento de Justicia de EE.UU. ayer a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en la que comunica que no aprueba la asignación de 2,5 millones para celebrar la consulta sobre «Estadidad Si o No» y dijo que se trata de una «crónica de una muerte anunciada».
Sin embargo, destacados miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP), en el gobierno, como el presidente del Senado, Thomas Rivera, indicaron que es «bochornoso que pretendan obstaculizar el voto libre, secreto y democrático del pueblo de Puerto Rico para definir de forma permanente su condición política».
Por su parte, la representante de Puerto Rico, ante la Cámara de Representantes de EE.UU., Jennifer González, ya ha indicado que el mismo se celebrará con o sin el aval del Departamento de Justicia ya que la democracia «para el pueblo no puede esperar por la burocracia del Gobierno federal y mucho menos de cualquier deseo de que no pase nada y nos quedemos en colonia».
«Ya está bueno de aquellos que juegan con las aspiraciones del pueblo haciendo creer que vivimos en un estatus digno. No! (…) yo no le voy a pedir permiso a nadie y menos a Justicia para reclamar mis derechos como ciudadana americana», indicó en un comunicado.
El presidente del Partido Popular Democrático (PPD) -en la oposición-, Aníbal José Torres, dijo que la misiva enviada por el procurador federal, Jeffrey Rosen, a CEE «sustenta la postura del PPD la cual se fundamenta en que atender el tema del estatus político de Puerto Rico, debe ser un proceso serio, donde se incluyan todas las definiciones y que sea vinculante».
Para Torres, la misiva es «clara y establece que el Departamento de Justicia Federal (DJF) no avala el referéndum propuesto por el PNP para votar ‘Estadidad SI o NO’, a la vez que desmiente el alegado rechazo del Estado Libre Asociado».
«Claramente el documento deja establecido que el referéndum del 3 de noviembre es un intento amañado para favorecer solamente la estadidad, el cual va en contra de la postura neutral de Estados Unidos con relación a las alternativas de estatus disponibles para el país», agregó Torres en un comunicado.
Por su parte, el expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, reiteró que la consulta de estadidad sí o no se celebrará el 3 de noviembre y exhortó a la Gobernadora a identificar, dentro de las agencias, la cantidad necesaria para sufragar la misma.
«Esta carta no cambia nada, la consulta va. En este plebiscito de noviembre, los votantes registrados de Puerto Rico tendrán, de acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos, la oportunidad de votar por la estadidad, como lo han hecho otros territorios antes de nosotros. El plebiscito va y no hay nadie que lo detenga», dijo en un comunicado.
El 16 de mayo pasado, la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, firmó una ley que da luz verde a la celebración de una consulta, no vinculante, sobre si la isla quiere ser o no un estado más de Estados Unidos y que coincidirá con las elecciones generales que se celebrarán el próximo 3 de noviembre.
Se trata de la sexta consulta del estatus de la isla, desde 1952 un estado libre asociado de EE.UU., al unirse a otras cinco celebradas entre 1967 y 2017.
Al igual que los otros estados de EE.UU., Puerto Rico tiene su Constitución local, vigente desde 1952, sus ciudadanos tienen pasaporte estadounidense (desde 1917), cuenta con su gobernador y Poder Legislativo y está regido en última instancia por la autoridad del Congreso estadounidense.
