pena de muerte
Activistas contra la pena de muerte colocan carteles a lo largo de la carretera que conduce al Centro Correccional Holman en Atmore, Alabama, antes de la ejecución programada de Kenneth Eugene Smith el 25 de enero de 2024 en Estados Unidos. (Foto: VOA)

El debate sobre la pena de muerte en EE. UU. volvió con fuerza cuando las autoridades en Alabama ejecutaron recientemente al reo Kenneth Eugene Smith con el uso de gas nitrógeno.

La reciente ejecución de Kenneth Eugene Smith con gas nitrógeno en el estado de Alabama, método utilizado una única vez en Estados Unidos, reanudó el interés sobre esta práctica que forma parte de la historia del país desde hace más de cuatro siglos.

A pesar de los llamados hechos por organizaciones como Naciones Unidas y Amnistía Internacional de no usar este procedimiento, las autoridades estatales afirmaron que fue todo un éxito. De acuerdo con su consejero espiritual, el reverendo Jeff Hood, que lo acompañó en el mismo recinto, “lo que vimos fueron minutos de alguien luchando por su vida. Lo vimos jadeando y moviéndose de un lado a otro”.

La experta en el tema, Robin Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la pena de muerte, con sede en Washington DC, afirmó que “el señor Smith, aparentemente, sufrió durante su ejecución».

«En lugar de caer en un estado inconsciente de inmediato, se estuvo moviendo, por al menos dos minutos, tratando de respirar. Se le obligó a respirar gas nitrógeno puro, a través de una máscara”, dijo en conversación con la Voz de América.

Por su parte, el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, condenó la ejecución y dijo que este método podría equivaler a tortura.

«Lamento profundamente la ejecución de Kenneth Eugene Smith en Alabama», dijo Turk. «A pesar de las serias preocupaciones que suscita que este método novedoso y no probado de asfixia con gas nitrógeno pueda constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante».

Pero Alabama no es el único estado que considera la hipoxia con nitrógeno en sus leyes locales para las ejecuciones. También lo hacen Oklahoma y Mississippi.

Sin embargo, y a pesar de haber sido practicado una vez, “se conoce muy poco sobre esto; el estado de Alabama -señala Maher- ha aprobado estatutos que mantienen toda esta información en secreto, lo cual pudiera ser problemático, porque conociendo los principios de gobernanza, se requiere transparencia en las acciones gubernamentales y fijar responsabilidades cuando ocurren errores”.

Un poco de historia

La pena de muerte es un concepto implantado en Estados Unidos por los ingleses en la época colonial, en 1607. Si bien ha habido cambios de raíz en cuanto a su regulación y aplicación, conforme las necesidades, desde 1971 cada estado es responsable de crear sus propios protocolos, incluso de escoger los métodos primarios y secundarios de ejecución.

De acuerdo con el Centro de Información sobre pena de muerte, en la actualidad, un total de 27 estados contemplan la pena capital en sus leyes: Alabama, Arizona, Arkansas, California, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pennsylvania, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming.

Otros 23 estados, más el Distrito de Columbia, la han abolido en diferentes épocas: Alaska (1957), Colorado (2020), Connecticut (2012), Delaware (2016), Hawái (1957), Illinois (2011), Iowa (1965), Maine (1887), Maryland (2013), Massachusetts (1984), Michigan (1847), Minnesota (1911), Nuevo Hampshire (2019), New Jersey (2007), Nuevo México (2009), Nueva York (2007), Dakota del norte (1973), Rhode Island (1984), Vermont (1972), Virginia (2021), Washington (2018), Virginia Occidental (1965) y Wisconsin (1853).

Los detractores de este recurso apuntan que no ha servido como elemento disuasorio para combatir el crimen. “No hemos visto ningún documento que realmente demuestre que (la pena de muerte) tiene un efecto reductor del crimen”, comenta Maher del Centro de Información sobre la pena de muerte.

“Y otra parte importante de la historia es que las personas que han recibido la pena de muerte en Estados Unidos, usualmente, son pobres. Son personas con algún tipo de impedimento mental que han sufrido los efectos de algún trauma o abuso. Estas son personas que generalmente no son disuadidas al pensar en las consecuencias de sus actos. Así que, por varias razones, no creemos que exista un poderoso efecto disuasorio que justifique el uso de la pena de muerte”.

Una mirada actual

Amnistía Internacional considera la pena de muerte como cruel e inhumana. Señala que “es irreversible y a menudo se impone en casos en los que no se demuestra la culpabilidad más allá de toda duda razonable. A pesar de los avances en materia de derechos humanos, la pena capital todavía se sigue utilizando en muchos países del mundo, incluidos muchos estados de Estados Unidos”.

“A lo largo del tiempo, en Estados Unidos nos hemos alejado del concepto de pena de muerte. Se ha vuelto mucho menos popular, hay más preocupaciones sobre su uso; también las personas han mostrado preocupación sobre si el sistema puede proteger adecuadamente a personas inocentes… así que hemos visto un descenso sostenido y significativo de la pena de muerte y esto ha continuado por las últimas décadas”.

Delitos “castigables” con la pena capital

Podría pensarse que componen una larga lista, pero en líneas generales es solo uno: homicidio. Los expertos señalan que cada estado evalúa diversos agravantes que hacen de un asesinato “lo peor de lo peor”, por lo que amerita ser castigado con la pena de muerte.

Varios estados, sin embargo, han considerado incluir otro tipo de crímenes como el secuestro agravado o el tráfico de drogas.

“El estado de Florida, recientemente, pasó una ley que haría que las personas convictas por delitos sexuales contra menores podrían ser elegibles a la pena de muerte. Esto es totalmente contrario a lo que la Corte Suprema ha señalado. Así que aquí veo una oportunidad de que, en el caso de que esto vaya a una revisión, habrá una oportunidad de que la Corte Suprema reafirme su fallo anterior y diga ‘no, solo para homicidios’, o quizás lo expanda para incluir otros crímenes”.

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