Imagen de archivo de dos hombres ejerciendo su derecho al voto en Round Lake Park, Illinois, Estados Unidos. (Foto: EFE/Tannen Maury)

Washington, EE.UU.– Un grupo de senadores estadounidenses de ambos partidos dio a conocer este miércoles una reforma que dota de mayores garantías al recuento electoral al aclarar que el vicepresidente no tiene el poder de revocar los resultados de las presidenciales y dificultar que los legisladores los cuestionen.

Su propuesta actualiza la ley electoral de 1887, a la que el expresidente republicano, Donald Trump, se acogió en los comicios de 2020 en un intento por demostrar que su entonces vicepresidente, Mike Pence, tenía derecho a cambiar el escrutinio que dio la victoria al demócrata Joe Biden.

Esa primera ley había sido creada a su vez tras las polémicas elecciones de 1876, en las que el demócrata Samuel Tilden recibió más voto popular pero perdió la presidencia frente al republicano Rutherford B. Hayes tras las impugnaciones presentadas por tres estados sureños.

La nueva propuesta de ley, que llega tras meses de negociaciones, está impulsada por el senador demócrata Joe Manchin y por la republicana Susan Collins.

Su aprobación en la Cámara Alta, donde los demócratas tienen una mayoría ajustada, necesitará el apoyo de diez republicanos, si bien ya hay nueve que han formado parte del grupo de negociación.

La presentación coincide con las investigaciones del asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio, fecha en la que, impulsados por la sospecha de que los comicios de noviembre habían sido un fraude, 800 personas consiguieron introducirse en el edificio con el objetivo de boicotear la certificación de la victoria de Biden.

En la actualidad, se necesita solo a un diputado de la Cámara de Representantes y a otro del Senado para plantear una objeción y el acuerdo cerrado ahora ampliaría ese umbral a una quinta parte en ambas instituciones.

El proyecto de ley, introducido a dos años de las siguientes presidenciales, a las que Biden no descarta volver a presentarse, también amplía de uno a dos años de prisión la condena contra aquellos que amenacen a candidatos, votantes y trabajadores de los centros electorales.

«Este marco de trabajo es un paso decisivo para acabar con las ambigüedades. Urgimos a nuestros colegas en ambos partidos a que apoyen estas reformas sencillas y de sentido común», pidió el grupo bipartidista en un comunicado.

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