WASHINGTON, D.C. – El Senador Bob Menéndez (D-N.J.), el latino de Más Alto Rango en el Congreso, ayer publicó una columna de opinión en El Nuevo Día, titulada Permitamos que Puerto Rico decida su futuro, donde explica la importancia de aprobar el Proyecto de Ley para la Autodeterminación de Puerto Rico, lo cual está liderando con sus colegas en la Cámara las Representantes Nydia Velázquez and Alexandria Ocasio-Cortez. A diferencia de otras propuestas pasadas y actuales, este proyecto de ley no favorece una opción de estatus sobre otra; al contrario, les ofrece a aquellos que apoyan la estatidad, la independencia y otras opciones una silla en la mesa de toma de decisiones. El proyecto de ley crea un proceso transparente, inclusivo y democrático que le ofrece al pueblo puertorriqueño la oportunidad de decidir su propio futuro político.
Por más de un siglo, Estados Unidos ha utilizado las interpretaciones de la Corte Suprema de la Cláusula Territorial de nuestra Constitución – conocida como los Casos Insulares – para perpetuar la forma injusta, excluyente y espantosa con que tratamos al pueblo puertorriqueño. No podemos seguir de brazos cruzados ante este atropello. Llegó el momento de luchar por un cambio.
Década tras década, nuestro gobierno ha ignorado en gran medida la cuestión del estatus político de Puerto Rico, y esta ambigüedad ha aguijado inequidades sistémicas que impactan a millones de ciudadanos estadounidenses en la isla. Recientemente, tras la catástrofe del huracán María, nuestras pantallas de televisión se llenaron de imágenes que mostraban cómo esta incertidumbre política exacerbó los problemas económicos de Puerto Rico y obstaculizó los esfuerzos de recuperación. Esta misma falta de autonomía también ha obstaculizado los esfuerzos del gobierno puertorriqueño para proteger a sus residentes durante la pandemia de COVID-19 y seguramente debilitará su capacidad para abordar crisis económicas y de salud en el futuro. Sin embargo, tal vez la consecuencia más palpable de esta desigualdad y este abandono es la desenfrenada aceleración en la emigración desde la isla.
No debemos, ni podemos seguir aguantando estas injusticias. No podemos seguir forzando al pueblo puertorriqueño a vivir en un limbo político, en traición completa a nuestros valores como país y a nuestro compromiso con la democracia. Tampoco podemos darnos el lujo de ignorar la urgencia de la autodeterminación puertorriqueña. Es hora de que el gobierno estadounidense facilite un proceso legítimo, inclusivo y democrático para por fin abordar el estatus político de Puerto Rico.
A lo largo de los años, miembros del Congreso han intentado aprobar diferentes proyectos de ley para tratar de discutir y resolver este asunto; sin embargo, todas sus propuestas se han quedado cortas hasta ahora. Con la presentación de nuestro Proyecto de Ley para la Autodeterminación de Puerto Rico , patrocinado por mis colegas congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez en la Cámara de Representantes, y por mí en el Senado, hemos logrado delinear un proceso integral, democrático y transparente para que al pueblo puertorriqueño se le permita determinar su futuro.
Este proyecto de ley representa la mejor oportunidad que hemos tenido en mucho tiempo para lograr una resolución justa a este dilema. Como presidente del Comité de Relaciones Exteriores en el Senado, me gusta recordarles con frecuencia a mis colegas la responsabilidad que tenemos de defender a los Estados Unidos como el faro de libertad y promotor de la gobernanza y de procesos electorales democráticos y justos a través de todo el mundo. Ese mismo conjunto de principios y valores también debe ser aplicado a los Estados Unidos, incluido Puerto Rico.
A diferencia de los otros esfuerzos, el Proyecto de Ley para la Autodeterminación de Puerto Rico no favorece una opción de estatus sobre otra; al contrario, les ofrece a aquellos que apoyan la estadidad, la independencia y otras opciones una silla en la mesa de toma de decisiones. Nuestro proyecto crea un proceso democrático que comienza con la elección de delegados a una Asamblea Constitucional de Estatus. Estos delegados luego participarán en numerosas conversaciones con una Comisión del Congreso bilateral para entonces determinar cuáles de las opciones del estatus político de Puerto Rico serán presentadas al pueblo puertorriqueño como parte de un referéndum reconocido federalmente por primera vez en la historia de la isla. El Congreso procedería entonces a reconocer los resultados de ese referéndum a través de una resolución conjunta que respete las voces del pueblo puertorriqueño y su derecho a la autodeterminación.
La idea de una asamblea compuesta por delegados electos para determinar el estatus de la isla no es nueva. Durante años, numerosos líderes políticos y cívicos puertorriqueños, grupos de activismo y entidades jurídicas han apoyado este mecanismo para abordar el futuro político de Puerto Rico – y ahora más de 80 de mis colegas, de ambos partidos y en ambas cámaras del Congreso, están firmemente a favor de la autodeterminación puertorriqueña. Estados Unidos tiene una oportunidad única para acabar con las inequidades sistemáticas que han resultado de sus más de 100 años de control colonial sobre Puerto Rico. Por eso estoy comprometido a usar la fuerza de mi voz y el poder de mi oficina para luchar por los millones de ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico que se merecen la oportunidad de forjar su propio destino político.
