Algunos republicanos del Congreso insisten en requerir que se incorpore una pregunta sobre ciudadanía en el cuestionario del censo, que se realiza cada 10 años, y excluir a las personas que no son ciudadanas estadounidenses del conteo, el cual ayuda a determinar el poder político en Estados Unidos.
La Cámara de Representantes, de mayoría republicana, aprobó el miércoles una iniciativa que eliminaría a los no ciudadanos del conteo recabado durante el censo y que se utiliza para decidir cuántos escaños de la cámara baja y cuántos votos del Colegio Electoral obtiene cada estado. Es poco probable que el proyecto de ley sea aprobado en el Senado, donde los demócratas son mayoría. Asimismo, la Casa Blanca se opone a él y existen cuestiones legales debido a que la Constitución señala que todas las personas deben ser contadas durante el proceso de determinación del número de escaños.
Pero la propuesta ha hecho sonar las alarmas entre los expertos en reestructuración distrital, grupos de derechos civiles y legisladores demócratas, que la consideran una repetición de los intentos realizados por el gobierno de Donald Trump para establecer límites que alterarían drásticamente la dinámica del censo, que tiene una función fundamental en la distribución del poder político y de la financiación federal.
Aun así, los opositores dicen que la idea, que alguna vez estuvo en los márgenes ideológicos, nunca había llegado tan lejos en el proceso legislativo.
En marzo, los senadores rechazaron una propuesta similar, apoyada por los republicanos, en un proyecto de ley de asignación presupuestaria. Eso fue visto como un intento de impulsar la agenda republicana sobre migración antes de la elección de noviembre en la que Donald Trump aparece como el virtual candidato de su partido.
“Esto lo pone más cerca de hacerse realidad de lo que se había visto nunca”, dijo Steve Jost, exfuncionario de la Oficina del Censo durante los gobiernos de Obama y Clinton. “Esto es parte de una estrategia cohesiva en el Partido Republicano… de obtener cualquier ventaja que sea posible cuando el país se encuentra tan dividido”.
La 14ta enmienda de la Constitución establece que los escaños del Congreso deben ser distribuidos entre los estados “de acuerdo con su población respectiva, en la que se tomará en cuenta el número total de personas que haya en cada estado”. Además de ayudar a asignar el número de bancas legislativas y votos del Colegio Electoral, las cifras del censo guían la distribución de 2,8 billones de dólares en fondos federales.
