Nueva York, EE.UU.- El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy Miles, convirtió hoy miércoles en ley un proyecto que evitará que miles de familias de bajos recursos sean desalojadas de viviendas que no han podido pagar debido a la pandemia.
La nueva ley, que firmó ante un grupo de latinos -los más afectados por la pandemia en el país-, asigna 500 millones de dólares para el pago de los hogares y 250 millones para el de servicios públicos.
Garantizará que la moratoria de desalojo continúe hasta agosto para todos los residentes con ingresos por debajo del 120 % del Ingreso Promedio del Área (AMI) que no pudieron pagar su alquiler entre el 1 de marzo de 2020, cuando se decretó el cierre por la pandemia, y el 31 de agosto de este año.
También garantizará que no haya desalojos hasta fin de año para ciertos hogares con ingresos inferiores al 80% que hayan solicitado asistencia de alquiler estatal o local y que hayan experimentado un impacto económico debido a la pandemia.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) extendieron el martes la moratoria nacional sobre los desalojos por 60 días, lo que brindará protecciones adicionales para ciertos residentes.
Murphy también firmó una legislación que proporciona protecciones adicionales a las personas que no pudieron pagar el alquiler durante la emergencia de salud pública, al ordenar que los registros judiciales relacionados con su falta de pago durante este período se mantengan confidenciales.
«Hemos escuchado las continuas llamadas de ayuda de los habitantes de Nueva Jersey que luchan por pagar el alquiler y los servicios públicos. La covid-19 ha puesto a inquilinos y propietarios en una situación difícil y me complace decir que hay más ayuda en camino», dijo el gobernador en un acto realizado en el condado de Union.
«Este proyecto de ley destinará dinero a las personas y programas que más lo necesitan. La vivienda y el acceso a los servicios públicos son fundamentales para la salud y la seguridad, y queremos asegurarnos de que la mayor cantidad de solicitantes elegibles afectados por la pandemia obtengan la ayuda que necesitan durante este tiempo difícil», indicó.
Murphy enfrentó en el lugar una protesta de residentes que rechazan la decisión que anunció el pasado lunes de que se requerirá la vacuna para todos los trabajadores en hospitales, centros de atención a largo plazo, prisiones y otras instalaciones de atención médica estatales y privadas.
Los manifestantes portaban carteles con mensajes como «La elección médica es un derecho humano» y «No inyecciones forzadas», e interrumpieron brevemente al gobernador después de que reveló las últimas cifras de infecciones por coronavirus, que continúan aumentando.
Los nuevos fondos elevan el total de dinero asignado al Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia y al Programa de Prevención de Desalojos Covid-19 a más de 1.200 millones de dólares.
