Los Ángeles, EE.UU.– El Gobierno del presidente Joe Biden autorizó a los fiscales del Servicio de Control de Inmigración y Adunas (ICE) a considerar la desestimación de los casos de ciertos inmigrantes que no cruzaron la frontera recientemente y que no son una amenaza para la seguridad pública.
La nueva guía enviada este lunes a los abogados del ICE se basa en las prioridades del Gobierno Biden puestas en marcha en noviembre pasado para enfocar sus esfuerzos en detener y deportar a extranjeros que representan una amenaza para la seguridad nacional, pública y fronteriza.
La instrucción del jefe de abogados del ICE, Kerry Doyle, anima a los fiscales a usar la “discreción procesal” cuando corresponda bajo el argumento de que «puede preservar los recursos gubernamentales limitados y lograr resultados justos y equitativos en casos individuales».
Gregory Chen, director de relaciones gubernamentales de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), calificó la nueva directriz como un «buen esfuerzo» de la Administración.
Por su parte, Fernando Romo, abogado de inmigración y principal asesor de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), explicó a Efe que la medida demuestra el esfuerzo del Gobierno para reducir el creciente retraso en los tribunales de inmigración.
«Es una política parecida a la impuesta por el Gobierno de Barack Obama (2009-2017) que permitía cerrar los casos de deportación de inmigrantes que no significaban una amenaza, aunque esta es un poco más detallada sobre quiénes serán beneficiados», señaló.
Agregó que incluso los fiscales están autorizados a cerrar los casos sin necesidad de que los inmigrantes se presenten a una audiencia de deportación. «Principalmente ayudará a aquellos que llevan años peleando por años sus casos. Pero no va a favorecer a las personas con nuevas solicitudes de asilo», dijo.
Según datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse en Nueva York, las cortes de inmigración en Estados Unidos tienen 1.701.018 casos acumulados.
Doyle señaló en la nueva guía que “los abogados (del ICE) deben ser especialmente conscientes de las limitaciones de recursos con las que operamos».
«La priorización sólida de nuestros esfuerzos de litigio a través del uso apropiado de la discreción procesal puede preservar los recursos gubernamentales limitados”, ahondó.
El memorando explica a los fiscales que hay varias formas de ejercer la discreción, pero la preferencia de la agencia es finalizar los casos no prioritarios.
En este sentido, Romo explicó que incluso aquellos inmigrantes que no están representados por abogados pero se han presentado en corte y no hacen parte de las prioridades se verán beneficiados. «Les darán la oportunidad de conseguir abogado», acotó.
