Denver (CO), EE.UU.– La Legislatura de Colorado aprobó hoy lunes una ley que, una vez en vigor, autorizará a que ciertos inmigrantes indocumentados que se declararon culpables de delitos menores soliciten la anulación judicial de esa declaración, con el potencial de evitar así la deportación.
La ley SB22-103, o “Remedio para Declaraciones de Culpabilidad Impropias”, fue aprobada por unanimidad en el senado de Colorado (34 votos en favor y una ausencia) y por amplia mayoría (40 en favor y 25 en contra) en la Cámara de Representantes local.
Impulsada por la senadora estatal Julie Gonzáles y por la representante estatal Kerry Tripper, ambas demócratas, la ley reconoce que ciertos inmigrantes (principalmente, pero no únicamente, indocumentados) acusados de delitos menores o contravenciones no recibieron información adecuada de sus abogados sobre las consecuencias de declararse culpables.
Específicamente, la ley explica que esos inmigrantes no tuvieron la oportunidad de decidir “a sabiendas, inteligentemente y voluntariamente” si se declararían culpable o no de las acusaciones en su contra.
Por eso, la nueva ley permite que esos inmigrantes pidan a la corte correspondiente la anulación de esa declaración de culpabilidad. Esa opción surge, dice la ley, de leyes federales vigentes y decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos que exigen que se les informe a los no ciudadanos sobre “elementos relevantes de las leyes de inmigración”.
Más concretamente, las actuales leyes federales requieren que los abogados “informen a sus clientes de las consecuencias migratorias de declararse culpables”. A la vez, “muchos acusados no ciudadanos reciben asesoría legal inadecuada”, lo cual significa “privarlos injustamente de oportunidades para defenderse”.
Por eso, dijo Gonzáles, la nueva ley era necesaria como una medida “para proteger los derechos constitucionales de todos en Colorado” y asegurarse de que “todos los acusados sean tratados consistentemente en cuanto a sus oportunidades para afirmar sus derechos constitucionales”.
Por su parte, Tripper expresó que, para un inmigrante (incluso documentado) declararse culpable de un delito menor puede tener “devastadoras consecuencias” para su situación migratoria, llevando a la deportación de la persona, que se le prohíba obtener la ciudadanía estadounidense o perder el estatus concedido por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
Pero hasta ahora no existía una forma para que los inmigrantes que se declararon culpables de delitos menores (robo de mercadería, desorden en la vía pública, ingreso no autorizado a una propiedad) retirasen su declaración de culpabilidad. Si esa declaración se anula, ya no se activa el proceso de deportación.
La nueva ley se aplica sólo a aquellos delitos no violentos habitualmente resueltos en cortes municipales o de condado, y excluye todos los delitos violentos y delitos federales.
Según datos presentados durante el debate de la nueva ley, de 2017 a 2021 poco más de 64.000 personas se declararon culpables de delitos menores en Colorado. De esas personas, menos del 1 % eran inmigrantes indocumentados.
La Oficina del Censo estima que 10 % de los 5,8 millones de residentes de Colorado nacieron en el extranjero. Y según la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC), en este estado residen unos 150.000 indocumentados.
