Washington, EE.UU.- El Senado de EE.UU. aprobó este miércoles un incremento en el presupuesto de defensa para el año 2022, valorado en 768.000 millones dólares y que refleja la nueva política de Washington para dejar atrás Afganistán y centrar sus esfuerzos en China y Rusia.
La llamada Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, en inglés) fue aprobada con 89 votos a favor y 10 en contra y, ahora, será enviada a la Casa Blanca para que el presidente estadounidense, Joe Biden, la firme y pueda entrar en vigor.
El proyecto incluye 24.000 millones de dólares más de los que había pedido Biden para el Pentágono y supone un crecimiento del 5% con respecto al año anterior, algo que ha enfurecido al ala progresista del Partido Demócrata que quería que se recortara el presupuesto para defensa tras el fin de la guerra de Afganistán.
Sin embargo, la medida recoge 7.100 millones de dólares para mejorar la capacidad de las Fuerzas Armadas de EE.UU. en el Océano Pacífico con la idea de hacer frente a China y, además, destina 300 millones a la alianza militar con Ucrania frente a Rusia.
Como cada año, recoge una subida de salario para las tropas, que esta vez será del 2,7 por ciento.
Además, establece la creación de una comisión independiente para evaluar la guerra en Afganistán, la más larga de la historia de EE.UU. y a la que Washington puso fin con la evacuación de sus tropas, nacionales y colaboradores afganos el pasado 30 de agosto (31 de agosto en Afganistán).
La iniciativa incluye cambios en el sistema judicial castrense para que los delitos de abusos sexuales salgan de la cadena de mando y sean evaluados por abogados militares con un carácter independiente, en lo que representa un cambio radical con respecto a la postura tradicional del Pentágono.
No obstante, para que fuera aprobado, los líderes de varios comités tuvieron que hacer cambios al texto inicial.
La propuesta aprobada no incluye una enmienda que habría obligado a las mujeres a responder a un llamado a filas y tampoco contiene una provisión para que Biden impusiera sanciones sobre aquellas compañías implicadas en el gasoducto Nord Stream 2, que busca transportar gas natural ruso a Alemania y permite al Kremlin sortear Ucrania.
También tuvo que salir del texto una propuesta para limitar el poder que los presidentes de EE.UU. tienen para usar la fuerza contra posibles enemigos, una capacidad que constitucionalmente recae sobre el Congreso pero que se trasladó parcialmente a la Presidencia tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.
En concreto, esa propuesta buscaba anular una legislación aprobada en 2002 y que autorizó al entonces presidente George W. Bush a tomar las acciones que considerara «necesarias y apropiadas» para defender la seguridad nacional de Estados Unidos.
El presupuesto de defensa suele aprobarse cada año con el apoyo de los dos partidos, pero esas provisiones que finalmente fueron descartadas dificultaron esta vez el proceso.
