Un juez federal del estado de Texas anuló un programa del presidente Joe Biden que buscaba regularizar la situación de cerca de medio millón de indocumentados, cónyuges o hijastros de ciudadanos estadounidenses.
Según el fallo, emitido anoche, el juez J. Campbell Barker encontró que el programa Keeping Families Together (Mantener unidas a las familias) viola la ley de inmigración de EE. UU. y se pone del lado de Texas y más de una docena de otros estados liderados por republicanos, que interpusieron una demanda contra la norma.
La decisión del magistrado, nombrado por Donald Trump (2017-2021), representa una derrota para la Administración Biden y para los grupos proinmigrantes que habían alentado a los favorecidos a acogerse a la medida.
El plan se apoya en el llamado ‘Parole in place’, que otorga un permiso temporal para permanecer en EE. UU., ofreciendo protección frente a la deportación, así como la posibilidad de obtener un permiso de trabajo.
Pero lo más importante es que permite a los beneficiados realizar el proceso para obtener una residencia permanente en EE. UU. por estar casado o ser hijastro de un ciudadano estadounidense sin tener que salir del país y exponerse a la sanción de 10 años.
La medida, que había sido anunciada en junio pasado y puesta en marcha a mediados de agosto, apenas estuvo en vigor una semana cuando Baker, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, emitió una suspensión y se puso del lado de los demandantes, encabezados por el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton.
Desde que fue anunciado, los sectores ultraconservadores habían amenazado con retarlo en los tribunales y habían acusado a la Administración demócrata de utilizarlo como parte de la campaña para retener la Presidencia.
Baker le permitió al Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés) recibir las solicitudes, pero no procesarlas.
Para poder adherirse al programa, el solicitante debía haber vivido en el país un mínimo de 10 años y estar casado antes del 17 de junio pasado.
La Administración Biden estimó que aproximadamente 500.000 cónyuges de ciudadanos estadounidenses y unos 50.000 hijastros son elegibles.
Texas ha liderado varias batallas legales contra el Gobierno Biden por temas de inmigración, entre ellas una que solicita poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que favorece a miles de jóvenes «soñadores» desde 2012.
La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. está pendiente de entregar su fallo sobre la legalidad de DACA, un programa que está en el punto de mira de Trump desde su anterior gobierno (2017-2021).