El número de homicidios en Estados se disparó casi un 30% durante el primer año de la pandemia de COVID-19, un fenómeno observado tanto en ciudades como en áreas rurales, y tanto en estados republicanos como de tendencia demócrata.
La proliferación de armas, el estrés pandémico y la disminución de la confianza de la población en la policía contribuyeron al aumento de los homicidios en todo el país, según Justin Nix, profesor asociado de criminología y justicia penal en la Universidad Omaha de Nebraska.
«Tenemos evidencia de que el porte de armas en espacios públicos había aumentado (…) Sabemos que la pandemia, con todas sus tensiones y las incertidumbres que produjo, la ansiedad económica producida, probablemente jugó un papel», aseguró Nix.
Y «luego, por último, el asesinato de George Floyd y las protestas que ocurrieron después de eso provocaron una crisis de legitimidad policial», agregó.
El 25 de mayo de 2020, George Floyd, un hombre negro de 46 años, fue asesinado por un oficial de policía blanco en Minnesota, lo que encendió las protestas en todo el país contra la brutalidad policial.
Investigaciones anteriores muestran que los oficiales reducen sus esfuerzos y el crimen aumenta después de los asesinatos policiales que atraen una atención pública significativa.
«La policía disminuye la velocidad en parte por temor a ser el próximo oficial en ser arrastrado en las redes sociales o en las noticias», dice Nix.
Y agrega que «es un temor entre los oficiales que, incluso si uso la fuerza legalmente, incluso si detuve a esta persona, y se convierte en un incidente de uso de la fuerza, incluso si mis comportamientos fueran perfectamente legalmente razonables, aún podría encontrarme siendo la próxima estrella de un video viral».
Además, los miembros del público podrían ser menos propensos a llamar a la policía para denunciar un delito, temiendo que sus acciones puedan hacer más daño que bien.
«(Piensan): ‘Si llamo a la policía y aparecen y terminan abusando de esta persona o usando fuerza excesiva contra esta persona, no quiero contribuir a lo que veo como un problema, por lo que es más seguro para mí simplemente no llamar al 911′», dice Nix.
Ahonda en que «si las personas no informan haber sido víctimas o informan haber visto a otras personas víctimas de actividades delictivas, entonces mucho de eso pasará desapercibido para la policía”.
La psicóloga clínica María Espinola, quien ha trabajado en cárceles y centros juveniles y está familiarizada con las personas que tienen tendencias violentas, dice que ciertas personas pueden volverse más agresivas cuando están bajo estrés.
«Las personas que presenciaron violencia en el hogar o en sus comunidades cuando estaban creciendo, y tal vez tienen una tendencia genética a la agresión, pueden desarrollar comportamientos violentos como una forma de hacer frente a situaciones estresantes», afirma Espinola, profesora asistente en el Departamento de Psiquiatría y Neurociencia del Comportamiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cincinnati.
«Y luego, cuando se enfrentan a una pandemia, se puede ver cuántos de ellos, en tiempos de desesperación, se han vuelto agresivos con los demás», puntualiza.
La verificación de antecedentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) sugieren que las ventas de armas han aumentado mucho desde que comenzó la pandemia a principios de 2020. La oficina realizó la mayor cantidad de verificaciones de antecedentes por posesión de armas de fuego, 1.218.002, durante una sola semana en marzo de 2021, el número más alto desde que el gobierno federal comenzó a rastrear las ventas de armas en 1998. De hecho, las nueve semanas más altas de la historia para la verificación de antecedentes de armas ocurrieron en 2020 y 2021, durante la pandemia. Las soluciones a la violencia armada no son fáciles de encontrar en una nación polarizada por el debate sobre si limitar las ventas de armas de fuego.
Sin embargo, 19 estados han aprobado Órdenes de Protección de Riesgo Extremo (ERPO), que permiten a la policía o a los miembros de la familia solicitar a un tribunal que retire temporalmente las armas de fuego de una persona en crisis que representa un riesgo de daño para sí mismos o para otros. Mientras el ERPO esté en activo, la persona tiene prohibido comprar armas de fuego.
«No creo que nadie argumente que uno de los temas más polarizadores en este país son las políticas de prevención de la violencia armada», dice Shannon Frattaroli, directora del Centro Johns Hopkins para la Investigación y Política de Lesiones.
«Hemos visto a casi la mitad de los estados adoptar este nuevo tipo de política que permite prohibiciones temporales sobre la compra y posesión de armas, lo cual es bastante extraordinario, y demuestra, en mi opinión, que hay un lugar donde podemos unirnos y acordar políticas razonables para la prevención de la violencia armada», apunta.
Si bien ha habido llamados de algunos sectores para abolir o desfinanciar a la policía, la gran mayoría de los estadounidenses se oponen a deshacerse de los departamentos de policía. No obstante, aproximadamente la mitad apoya la reducción de los presupuestos del departamento de policía y el traslado de esos fondos a programas sociales.
«La policía es necesaria en un país inundado de armas, donde la violencia es común», asegura el profesor Nix. «Es necesaria y hay que invertir en ella. Necesitamos policías bien capacitados para tener las herramientas y los recursos que necesitan. No queremos agentes fatigados y al límite, privados de sueño, ejerciendo la autoridad que tienen. Necesitamos invertir en agentes de policía, pero también necesitamos invertir en organizaciones comunitarias que respondan a la violencia también».
