El gobierno de Puerto Rico salió oficialmente de la bancarrota el 15 de marzo al completar la mayor reestructuración de deuda pública en la historia de Estados Unidos, casi siete años después de anunciar que no podía pagar sus más de 70.000 millones de dólares de deuda.
La salida implica que el gobierno del territorio estadounidense reanudará los pagos a sus acreedores por primera vez en varios años y hará frente a pagos pendientes por valor de unos 1.000 millones de dólares presentados por residentes y negocios locales. También se prevé la emisión de más de 10.000 millones de dólares en bonos y que el gobierno restablezca hasta 1.300 millones tomados de un sistema público de pensiones.
“Este es un éxito significativo”, dijo Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la junta federal que supervisa las finanzas de Puerto Rico y su proceso de reestructuración de deuda. “Permanecer en bancarrota ha sido un lastre para la economía en varios aspectos”.
La bancarrota provocó medidas de austeridad muy criticadas, en una isla que pagó en torno a 1.000 millones de dólares en facturas a consultores y abogados en otros gastos durante el proceso.
Abandonar la quiebra era una prioridad para la junta y para Jaresko, que había anunciado antes que se retirará el 1 de abril. No se ha nombrado un sucesor todavía. Se espera que la junta permanezca en su labor hasta que Puerto Rico haya tenido cuatro presupuestos equilibrados consecutivos, una hazaña que no ha logrado aún.
El plan de reestructuración fue aprobado en enero por un juez federal. Reduce las reclamaciones contra el gobierno puertorriqueño de 33.000 millones de dólares a apenas 7.400 millones de dólares. Siete centavos de cada dólar de los contribuyentes irán a cubrir deudas, en comparación con los 25 centavos anteriores.
“Esto es un momento trascendental”, dijo el gobernador Pedro Pierluisi. “El plan no es perfecto (…) pero tiene muchas cosas buenas”.
La junta ha chocado en varias ocasiones con Pierluisi y gobiernos anteriores, especialmente por una propuesta para reducir algunas pensiones mensuales y que finalmente se canceló.
El plan también deposita 1.500 millones en los sistemas de pensiones públicas y crea un fondo de pensiones que se financiará con más de 10.000 millones de dólares en los próximos años.
“Durante décadas, los gobiernos anteriores han sido negligentes en reservar dinero suficiente”, dijo Jaresko.
Aunque muchos celebraron que Puerto Rico saliera de la bancarrota, Jaresko dijo que es improbable que la isla pueda acceder pronto a los mercados financieros porque aún tiene que poner al día sus declaraciones financieras auditadas.
Puerto Rico acumuló más de 70.000 millones de dólares en deuda pública y más de 50.000 millones en pensiones públicas pendientes tras décadas de corrupción, mala gestión y endeudamiento excesivo. El Congreso de Estados Unidos creó la junta federal en 2016, un año después de que el gobierno de la isla dijera que no podía pagar su deuda.
El gobierno de Puerto Rico presentó en 2017 la bancarrota municipal más grande de la historia de Estados Unidos. Meses más tarde llegó el huracán María, que destrozó la red eléctrica de la isla y causó daños por valor de miles de millones de dólares.
La isla aún no se recupera del huracán y de una serie de fuertes sismos que golpearon su región sur a partir de finales de 2019. La pandemia también ha sido un importante revés.
Aún quedan por resolver los procesos de bancarrota de la Autoridad de Carreteras y Transportación, que debe 5.800 millones de dólares, y de la Autoridad de Energía Eléctrica, que debe casi 9.000 millones de dólares, la deuda más grande de una agencia gubernamental.
A principios de marzo, el gobernador de Puerto Rico anunció que cancelaría un acuerdo de reestructuración de deuda de la compañía eléctrica y dijo que el aumento de la inflación, el alza en los precios del crudo y otros factores habían variado de forma significativa desde que se negoció el acuerdo con los acreedores en 2019.
Jaresko dijo que la junta esperaba retomar las negociaciones, la mediación y las conversaciones con todos los que compraron bonos emitidos por la compañía eléctrica.
Además, el sistema de retiro cambió de ser uno vitalicio, de beneficios definidos, a cuentas individuales parecidas a las de empresas privadas.
SEMANA DE MANIFESTACIONES
Aunque casi pasaron desapercibidas las grandes manifestaciones en especial de profesores (los peores pagados en EE. UU.), la BBC publicó un reportaje que da cuenta de la frustración de los isleños. El medio británico presenta la historia de la maestra Rosa Ferrer, que, con 16 años de un trabajo estable en el magisterio, para llegar a fin de mes y pagar sus deudas, ha tenido que vender galletas, ofrecer tutorías y hasta cursos cortos de fotoperiodismo.
María Elena Gutiérrez, por su parte, cuenta con seis años de experiencia como maestra, en los que siempre ha necesitado un segundo empleo para enfrentar el ascendente costo de vida, y divide sus días entre la enseñanza del inglés en el aula y el trabajo como cajera en un supermercado. La BBC reporta que su realidad también la comparten miles de maestros boricuas, quienes durante los pasados meses han salido a las calles, junto a otros trabajadores públicos, para exigir mejores salarios y condiciones laborales.
Previo a la decisión del tribunal, un educador del archipiélago se retiraba a los 55 años, ahora no podrá hacerlo hasta los 63.
Hay casos de educadores que necesitan hasta tres trabajos para subsistir. Uno de ellos falleció hace unas semanas en un accidente de auto cuando salió de madrugada de su tercer empleo como guardia de seguridad. De acuerdo con datos de la legislatura local, el promedio de los maestros gana $28.000 al año.
La Asociación Nacional de Educación de Estados Unidos dice que, entre los 50 estados, Mississippi es el que tiene el salario promedio más bajo para los educadores, cifra que entre 2017 y 2018 era de unos $ 44.926 anuales.
Además, para 2020, los servicios en P R costaban un 60% por encima del promedio del EE. UU.
Rosa, maestra del método Montessori en una escuela pública de San Juan, dijo a la BBC que nunca quiso lanzarse a protestar «bajo sol y lluvia» ni «dejar a mis estudiantes sin clases”.
Pero afirma que no tuvo otra opción tras años de escuchar promesas incumplidas, la precariedad y observar casos de corrupción en el sistema educativo.
«Estamos buscando tener una mejor calidad de vida. No quiero ser rica, quiero estar estable. Tener mi propia casa, eventualmente formar una familia y cada vez lo veo más lejos», afirma María Elena.
Tras más de una década en el sistema educativo público, una licenciatura y un postgrado, su salario en la actualidad es cerca de $US 23.000 anuales, previo al descuento de impuestos.
Ahora, para dividir gastos, vive con su madre. Dice ser «aventajada» en comparación con otros colegas, pero no esconde que se siente desmoralizada.
«A mi edad, me siento mal. Aunque soy independiente, no tengo privacidad. No me siento realizada por esa parte de no tener una casa que es mía y para dejarle algo al nene», cuenta a BBC Mundo esta maestra de 38 años.
María Elena de 29 años, quien percibe un salario base y continúa estudios en educación con préstamos estudiantiles, dice que su futuro no lo ve en Puerto Rico. Sobre todo, por la incertidumbre que le provoca una nueva política sobre las pensiones de los maestros.
PR además ha sido envestido por varios fenómenos naturales, lo que les ha complicado mas el día a día en su labor. «Estuve un tiempo sin sillas y tuve que conseguir cajas de leche y comprarles unos cojines a los nenes», sostuvo Rosa.
«He construido un salón Montessori, he invertido mucho dinero y tiempo. Eso no se recompensa. Pintura, material de cartulina, yo hago dos back to school (compras de regreso a clases), hago el de mi hijo y el de mi salón.
La experiencia es igual para María Elena, quien ofrece cursos a 150 estudiantes. La fotocopiadora de la escuela está dañada, así que le toca pagar para imprimir fuera los documentos. Si necesitaba usar internet en medio de una clase, hasta hace poco tenía que conectar su propio celular.
«Todos los años, cuando empezamos las clases, me gasto $US200 a $US300 en artículos para ambientar el salón», dice.
El gobernador, Pedro Pierluisi, anunció que a partir de julio se incrementaría $1.000 al salario base de estos trabajadores. Sin embargo, el dinero proviene de fondos no recurrentes otorgados por el gobierno federal de Estados Unidos, que vencen en 2024. Su administración hizo el compromiso de hacer el aumento permanente, pero no tiene identificada una fuente para subsidiarlo.
Sobre el retiro, aún el gobierno no informa cambios a corto o largo plazo, pero está en negociaciones con el magisterio, que presiona por soluciones que sopesen la decisión tomada en el tribunal de quiebras.
