San Juan. – Los puertorriqueños eligieron el domingo 16 de agosto a los candidatos para los comicios generales tras unas primarias sin precedentes, luego de que el gobierno suspendiera el evento programado para el 9 de agosto por falta de papeletas en los recintos electorales.
El director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles en Puerto Rico, (ACLU, por sus siglas en inglés) William Ramírez, dijo que no le extrañaría si hubiese una merma en la participación electoral en noviembre luego de las caóticas primarias. “Esta corrupción constante que vemos en la política, el coronavirus y el fiasco de las primarias, las tres, van a incidir en cómo el pueblo va a tratar las elecciones en noviembre.”
Lo que sucedió el domingo 9 de agosto fue la primera elección abortada en la historia de la Isla.
La Corte Suprema determinó que los votos emitidos el 9 de agosto eran válidos y serían contados y que los comicios se reanudarían el 16 de agosto, tras evaluar cinco demandas contra la CEE.
Ramírez dijo que no se puede saber si las atropelladas primarias incidieron en quien salió victorioso, pero opinó que la participación electoral del pasado domingo fue baja.
A diferencia del 9 de agosto, el evento del domingo 16 transcurrió sin problemas mayores, y funcionarios de los partidos principales, el Partido Popular Democrático (PPD) y PNP, aseguraron que las papeletas llegaron a tiempo.
Nuevos tiempos
La actual gobernadora se desempeñará en el cargo hasta enero, cuando entrará en funciones el nuevo Ejecutivo tras las elecciones del 3 de noviembre, a las que no podrá presentarse después de ser derrotada por Pedro Pierluisi.
Los próximos meses se prevén difíciles para el Partido Nuevo Progresista (PNP) después de que la gobernadora no parece que se haya tomado bien la derrota y acusara a su contrincante durante el periodo electoral de orquestar una campaña contra su persona de cara a las primarias.
Pierluisi será la opción del PNP
Pierluisi, finalmente, después de haber perdido la oportunidad de representar al PNP hace 4 años en su primer intento por conquistar la candidatura, cuando fue derrotado en primarias por Ricardo Rosselló por menos de tres puntos porcentuales, será la opción de un partido que aboga por la plena anexión de la isla al EE. UU.
Pierluisi derrotó claramente a una novata en la política como es Vázquez al obtener 58 % del voto frente al 42 % de la actual gobernadora, que llegó al cargo por mandato constitucional al ser a quien le correspondía asumir la responsabilidad tras la salida de Rosselló.
Analistas políticos subrayan que Pierluisi asumirá el liderato de un PNP dividido a causa de meses de ataques a la administración de Vázquez y de esta en su contra, que lo caracterizó como el candidato de los grandes intereses.
El opositor PPD también tiene ya candidato a gobernador para noviembre tras la amplia victoria del alcalde de Isabela, Carlos Delgado, un triunfo poco esperado para algunos, en especial por tratarse de ser un hombre de partido alejado del «teatro» de operaciones político que es San Juan.
La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y el antiguo presidente del Senado Eduardo Bhatia se quedan atrás, derrotados por un desconocido para el gran público, pero un hombre que ha sabido asegurarse el voto gracias a su fuerte conocimiento del partido, formación que apuesta por mantener el actual Estado Libre Asociado.
Una Isla convulsionada de corrupción
A todo lo anterior hay que sumar la detención por autoridades federales estadounidenses de la legisladora María Milagros Charbonier de la Cámara de Representantes de Puerto Rico por su supuesta relación con un caso de corrupción gubernamental. Ella dice estar «convencida» de que «alguna persona» está detrás de sus 13 acusaciones por presunta corrupción, lavado de dinero, soborno y obstrucción a la Justicia.
La representante presentó su renuncia al puesto que ocupaba en el directorio del PNP.
Charbonier fue arrestada por agentes del FBI, por estar acusada junto a su esposo, el abogado Orlando Montes; su hijo Orlando Gabriel Montes y su asistente Frances Acevedo de 13 cargos por un supuesto caso de corrupción gubernamental.
El jurado federal alega que hasta julio de 2020 Charbonier recibió cerca de 100.000 dólares en forma de sobornos y comisiones ilegales.
Por las acusaciones, Charbonier se declaró no culpable, mientras que el juez federal Bruce McGiverin le impuso una fianza de 25.000 dólares.
Las penas a las que se enfrentan podrían ser de hasta 20 años de cárcel por los delitos de fraude electrónico, lavado de dinero y obstrucción a la justicia; hasta 10 años de prisión por los cargos de robo y soborno; y hasta 5 años de cárcel por el cargo de conspiración.
