San Juan, Puerto Rico.– La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico certificó este viernes el presupuesto para el año fiscal 2023-2024 de 12.739 millones de dólares firmado por el gobernador Pedro Pierluisi, quien afirmó que el mismo cumple «en gran medida» con las prioridades del Gobierno.
El presupuesto, que entra en vigor mañana, 1 de julio, atiende las necesidades de los municipios y aumenta las asignaciones a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y a la Reforma del Servicio Público, algunos de los asuntos que más controversia causaron en los últimos meses.
«Me complace reconocer que el presupuesto refleja en gran medida las prioridades programáticas del Gobierno y del pueblo de Puerto Rico. Aunque como es de esperarse no estuvimos 100 % de acuerdo en todo, más del 95 % del presupuesto refleja consenso entre el Gobierno y la Junta de Supervisión», dijo Pierluisi.
La JSF, creada por el Congreso de Estados Unidos, es responsable de certificar los planes fiscales para la isla, reestructurar su deuda, aprobar presupuestos y contratos gubernamentales y revisar legislaciones para el cumplimiento fiscal.
Durante su alocución en la reunión pública de la JSF, Pierluisi resaltó que este nuevo presupuesto provee a los municipios acceso a sobre 239 millones de dólares, incluyendo el nuevo Fondo de Servicios Esenciales.
También refleja un aumento en la aportación del Gobierno Central en las asignaciones a la UPR, que suma 600 millones, e incluye 95 millones para continuar la Reforma del Servicio Público.
Además, hay partidas para mejoras en la retribución de la Rama Judicial, en el retiro a los policías y para aumentos en los salarios de maestros y personas educativo, entre otros.
«Hemos logrado el presupuesto más grande en nuestra historia y que el mismo atienda las prioridades de nuestro pueblo», subrayó Pierluisi.
En enero de 2022, se aprobó un plan de reestructuración de cerca del 80 % de la deuda del Gobierno central de la isla, que quedó reducida de 33.000 millones de dólares a 7.300 millones.
Queda pendiente la reestructuración de la deuda de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que asciende a 9.000 millones de dólares y cuyo Plan de Ajuste está en proceso de aprobación.
